La función de las escuelas rurales es fundamental en el arraigo de las familias de productores y campesinos. Permiten un desarrollo productivo local para que los agricultores no se vean obligados a migrar a centros urbanos para acceder a derechos básicos.

Ya suman 47 las escuelas rurales que cierran este año debido a, según el gobierno provincial, la “baja matrícula” y en pos de la “optimización de recursos”. Los estudiantes deberán ser reagrupados en otras escuelas, que nunca son cercanas en las zonas rurales. Muchas veces por este tipo de escuelas no pasan transportes públicos, por lo que resulta más complejo aún que un alumno sea reasignado a una escuela más alejada. El agravante es que las familias que envían a sus hijos a estos establecimientos suelen ser de bajos recursos.

En los últimos dos años ya se habían dado de baja más de diez instituciones educativas en la provincia, con la excusa de que tenían menos de diez alumnos. Hoy existen 3059 escuelas rurales en Buenos Aires, a las que asisten 109.000 estudiantes.

El antecedente más inmediato de esta situación data de la década del noventa, cuando a partir del cierre de ramales de trenes en distintas provincias y parajes, los habitantes de los pueblos tuvieron que migrar a las ciudades. Miles de pueblos redujeron considerablemente su población y otros desaparecieron, con la consecuencia del cierre de escuelas por la falta de alumnos.

El 2018 se parece en mucho a esa situación. Si bien los trenes cuyo cierre se anunció constituyen un número mínimo en comparación con aquella década -en parte porque de hecho ya existen menos vías que entonces-, las políticas destinadas a fortalecer a la producción agrícola de familias locales en distintas zonas rurales han sido, si no escasas, nulas en el año 2017. Si las familias deben migrar a zonas más pobladas, las escuelas ven su alumnado reducido.

Hasta el año 2015, existían políticas que favorecían la formación de estudiantes de zonas rurales y su especialización en técnicas agrarias. El programa de Becas Manuel Belgrano, junto con el de Fortalecimiento a Escuelas Agrarias, fomentaban no solamente el arraigo de las comunidades sino la formación técnico-agropecuaria de los estudiantes para que pudieran elegir crecer y trabajar en el campo, sin tener que migrar a otro lugar.

Justificaciones y reclamos
El director general de Cultura y Educación de la provincia, Gabriel Sánchez Zinny, aseguró que “se está trabajando para que los docentes vayan a dar clase a otros colegios de la zona. Las escuelas que tienen poquitos alumnos los reagruparemos en otros establecimientos cercanos para que tengan un aprendizaje mejor y que se sigan sociabilizando”.

Por su parte, el ministro de Trabajo Marcelo Villegas señaló que de las 3059 escuelas rurales, “el 50% tienen más de 10 alumnos lo cual permite que los chicos reciban lo que necesitan, nosotros nos concentramos en escuelas donde hay menos de 5 alumnos”. Además justificó la medida aclarando que “esas escuelas no se cierran, es un pedido de la gobernadora que esos edificios se usen para desarrollo”.

Los sindicatos nucleados en la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) emitieron un comunicado en rechazo a la medida. “Pedimos que se suspendan los cierres de curso de todo tipo hasta el 31 de marzo, en tanto se convoque los ámbitos colectivos de trabajo sobre el tema, donde los trabajadores y la comunidad puedan debatir democráticamente sobre sus escuelas y que se abstengan de cerrar cursos y/o escuelas burocráticamente, dejando estudiantes sin acceso al derecho a la educación”, reclamaron.

Asimismo, indicaron que “la inscripción de alumnos en la provincia se realiza al inicio de clases, proponiendo que se analice la matrícula al finalizar el mes de marzo, y no cerrar cursos preventivamente, negando el derecho a la educación”.

Finalmente lograron reunirse con el gobierno provincial y que éste se comprometiera a revisar la situación de las escuelas “caso por caso” junto con los inspectores y a que ningún alumno tenga que viajar más de 6 kilómetros hasta su nueva escuela.

El subsecretario de Educación, Sergio Siciliano, finalmente solicitó ayuda a los sindicatos: les pidió que identifiquen “casos puntuales y específicos para cada territorio o localidad, que merezcan un tratamiento en especial para poder revisar de ser necesario o bien tener en consideración las decisiones del sistema educativo en este tema”.

El problema que sigue irresuelto –en ésta y otras cuestiones- es la concepción de la política pública como una solución a problemas individuales y no como garante de derechos sociales y colectivos.