Productores de esa provincia realizaron hoy una importante caravana para exigir medidas por parte del Gobierno nacional. “Estamos desprotegidos y a la deriva”, afirmaron.
En medio de la primera visita del presidente Javier Milei a la provincia de Misiones para participar de una conferencia en la ciudad de Puerto Iguazú, productores yerbateros, tealeros y tabacaleros organizaron una movilización con tractores y camiones para visibilizar la crisis que atraviesa el sector.
De esta manera, los productores de la zona realizaron un importante Tractorazo por las rutas 12 y 101 a la altura de Puerto Iguazú. Por su parte, efectivos de Gendarmería y Policía Federal implementaron retenes en los accesos de Wanda y Colonia Esperanza, lo que obligó a las caravanas de camiones que transportaban los tractores a desviarse.
El mandatario participará este viernes del cierre (18 hs.) de la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se desarrollará en el Hotel Loi Suites de Puerto Iguazú.
El motivo central de la protesta radica en el impacto del DNU 70/2023 sobre el cierre del Instituto Nacional de la Yerba Mate - INYM, lo que produce, principalmente, uncongelamiento en el precio de la yerba. El kilo de hoja verde se mantiene entre $250 y $280, una cifra idéntica a la registrada a fines del año anterior.
Por el otro lado, los productores denunciaron incrementos de hasta un 400% en combustibles y un 300% en insumos esenciales.
Al respecto, el dirigente del sector Jorge Skripczuk, detalló el impacto real de la inflación: mientras que en 2023 el gasoil costaba 380 pesos el litro, hoy se compra a 2.300, y los costos de cosecha se dispararon a 79.000 pesos por tonelada, eliminando cualquier margen de ganancia.
Para los yerbateros, la producción primaria ha quedado "desprotegida y a la deriva", siendo expuesta a condiciones comerciales insostenibles.
La
movilización reunirá este viernes a productores y tareferos en Puerto
Iguazú, donde buscarán entregar un documento con reclamos urgentes para
sostener la actividad.
Productores,
tareferos y distintas asociaciones de Misiones se movilizarán con
tractores y camiones para exponer una crisis que redujo los ingresos de
las chacras, paralizó comercios y empujó a miles de trabajadores a
buscar empleo en Brasil. La protesta tendrá lugar en el marco de la
visita de Javier Milei a la provincia para participar del cierre de la '47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas
(IAEF)'.
La concentración fue prevista para las 14hs, en el cruce de la ruta nacional 12 y el acceso a Cataratas. En
este marco, el presidente de la Asociación Civil Productores Yerbateros
del Norte (ACPYN), Julio Petterson (foto), explicó en comunicación directa con
Revista Chacra que la convocatoria surgió de manera espontánea ante el
deterioro económico de las familias vinculadas con la actividad.
Foto: Julio Petterson
El
dirigente afirmó que "la idea nació de la necesidad de la gente, del
pueblo trabajador y del productor, porque ya no aguanta más". Las
entidades llevarán un petitorio dirigido al mandatario nacional, aunque
todavía desconocen si podrán entregárselo personalmente. "Tenemos un
documento que vamos a estar presentándole. Ojalá la seguridad nos
permita llegar y dárselo a él", señaló Petterson (foto), quien confirmó que
avanzarán "hasta donde el retén de seguridad de la Presidencia nos deje
llegar".
El planteo central apunta a que la
Nación devuelva al Instituto Nacional de la Yerba Mate las atribuciones
recortadas por el DNU 70/2023. Antes de esa modificación, el
organismo intervenía en la determinación de valores para la hoja verde y
la yerba canchada, una herramienta que buscaba equilibrar la relación
entre el sector primario y la industria.
Según
Petterson, la liberación de las operaciones dejó a los pequeños
productores expuestos frente a una demanda altamente concentrada. Al
respecto, explicó: "Tres empresas compran más del 50% de la yerba
canchada del país. Se ponen de acuerdo sobre qué precio van a pagar y
terminan pagando lo que quieren".
Los números no cierran
El
referente sostuvo que el costo de producción de un kilo de hoja verde
se ubica entre $458 y $478, mientras que las ofertas recibidas oscilan
entre $120 y $250. Para graficar la pérdida de poder adquisitivo, el
presidente de ACPYN recordó que a comienzos de 2024 podían adquirir un
litro de combustible con la venta de un kilo de materia prima, mientras
que hoy en día son necesarios aproximadamente 31 kilos para comprar el
mismo litro.
De acuerdo con sus cálculos,
una unidad de 20 hectáreas que obtiene alrededor de 120.000 kilos puede
cerrar el año con apenas $7 millones, frente a los $35 millones o $40
millones que conservaba anteriormente. Esa diferencia limita la
aplicación de fertilizantes, los trabajos culturales y las inversiones
necesarias para mantener los yerbales.
A
la baja rentabilidad se sumaron la sequía, la caída de hojas y las
heladas, factores que dejaron rendimientos entre un 28% y un 40% por
debajo de años anteriores. Este menor flujo de recursos golpeó a comercios, cooperativas y prestadores de servicios de las localidades productoras.
En
Comandante Andresito, el dirigente aseguró que numerosos negocios
cerraron y que productores, hijos de colonos y trabajadores cruzaron la
frontera en busca de otras oportunidades. "Hoy es un pueblo fantasma. Se pierde mano de obra, trabajo, futuro y esperanza", lamentó.
Medidas provinciales que no alcanzaron
Frente
a ese escenario, las organizaciones presentaron al gobernador Hugo
Passalacqua un proyecto de emergencia destinado a proteger durante 360
días a las explotaciones de hasta 50 hectáreas. La iniciativa
contempla un precio mínimo obligatorio para la hoja verde, calculado a
partir de los costos productivos, laborales y tributarios, junto con un
margen que permita sostener la actividad.
Además,
Petterson valoró la asistencia provincial para descontar cheques
entregados por la industria a plazos de hasta 120 o 160 días. Sin
embargo, advirtió que "hoy son un paliativo, un pequeño granito de arena
para dejar de perder más de lo que ya perdimos. Necesitamos medidas del
Gobierno nacional".
Los tareferos también
participarán del tractorazo, ya que tras padecer la reducción de las
jornadas laborales, más de 7.000 trabajadores calificados emigraron a
Brasil en busca de nuevas oportunidades laborales. Ante este
escenario, el dirigente convocó a otros sectores sociales a sumarse a la
movilización: "No tengan vergüenza, porque de eso se trata la
democracia, de salir a luchar juntos, en las buenas y en las malas. Hay
que estar unidos, porque los gobiernos pasan, pero el pueblo queda. Si
no nos cuidamos entre nosotros, el pueblo va a desaparecer, y sin pueblo
no hay gobierno".
El
gremio reclamó al Gobierno nacional que prorrogue el mecanismo que
permite a trabajadores rurales temporarios combinar el empleo formal
durante las campañas agrícolas con determinados planes y beneficios
sociales.
La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) advirtió que alrededor de 120.000 puestos de trabajo rural
se encuentran en riesgo ante el vencimiento, este 1° de septiembre, del
régimen que permite compatibilizar el trabajo rural temporario con
determinados planes y beneficios sociales. El mecanismo fue establecido
por el Decreto 514/2021 y, según el gremio, resulta clave para
que trabajadores que participan de actividades estacionales puedan
acceder a empleos registrados sin perder automáticamente la protección
social que reciben sus familias.
UATRE reclama una prórroga
La organización sindical señaló que el 18 de agosto su secretario general, José Voytenco, envió una carta a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para solicitar de manera urgente la extensión del régimen. Sin embargo, según indicó UATRE, hasta este 1° de septiembre el Gobierno nacional no respondió el pedido ni dispuso una prórroga.
Para el gremio, la falta de una definición genera un problema inmediato
para los trabajadores que dependen de los empleos temporarios que
surgen durante las distintas campañas agrícolas.
El impacto sobre las economías regionales
UATRE
sostiene que el sistema de compatibilidad permitió durante los últimos
años que los trabajadores rurales pudieran incorporarse a empleos registrados y estacionales
sin perder de manera automática la cobertura social de la que depende
su grupo familiar. Según el sindicato, si el régimen deja de estar
vigente se produciría un efecto contrario al objetivo de promover el
empleo formal: los trabajadores podrían verse desalentados a tomar empleos registrados, dificultando además la disponibilidad de mano de obra local para las actividades agropecuarias. El
planteo adquiere especial relevancia para las economías regionales,
donde numerosas producciones dependen de trabajadores temporarios
durante períodos específicos de cosecha, empaque y otras tareas
vinculadas con los ciclos productivos.
Si
el régimen deja de estar vigente se produciría un efecto contrario al
objetivo de promover el empleo formal: los trabajadores podrían verse
desalentados a tomar empleos registrados.
La advertencia alcanza a toda la cadena agropecuaria
Desde UATRE señalaron que la situación no afecta solamente a los trabajadores y sus familias, sino también a los empleadores agropecuarios y a la producción en general. "La
promoción del trabajo registrado y la protección social de los
trabajadores rurales contribuyen al fortalecimiento de las economías
regionales, al desarrollo de sus capacidades productivas y exportadoras,
y a la sostenibilidad de las próximas campañas agrícolas", sostuvo
la organización. El gremio cuestionó la falta de respuesta oficial y
consideró que las políticas sociales deberían funcionar como un
acompañamiento hacia el empleo formal, en lugar de convertirse en un
obstáculo para que los trabajadores puedan incorporarse a actividades
registradas.
"La promoción del trabajo
registrado y la protección social de los trabajadores rurales
contribuyen al fortalecimiento de las economías regionales, al
desarrollo de sus capacidades productivas y exportadoras, y a la
sostenibilidad de las próximas campañas agrícolas".
"Es una amenaza concreta a 120.000 familias rurales"
El secretario general de UATRE, José Voytenco, planteó que el vencimiento del régimen trasciende una cuestión administrativa. "La
falta de respuesta y la no prórroga del régimen no es solo un problema
administrativo: es una amenaza concreta a 120.000 familias rurales y a
la continuidad productiva del interior del país", afirmó. Desde el gremio remarcaron que la continuidad del mecanismo resulta necesaria para brindar previsibilidad tanto a los trabajadores como a los productores y a las comunidades rurales.
"La
falta de respuesta y la no prórroga del régimen no es solo un problema
administrativo: es una amenaza concreta a 120.000 familias rurales y a
la continuidad productiva del interior del país"
El reclamo en plena campaña agrícola
El
pedido de UATRE se produce en un momento en el que distintas
actividades agropecuarias comienzan o atraviesan sus períodos de mayor
demanda de mano de obra temporaria. Para la organización, garantizar la
compatibilidad entre los beneficios sociales y el empleo rural
registrado permite que los trabajadores puedan incorporarse formalmente a
las campañas sin quedar obligados a elegir entre el trabajo y la protección social. Por ese motivo, el gremio reiteró su pedido al Gobierno nacional para que adopte una solución inmediata y garantice la continuidad del régimen de compatibilidad, al que considera un instrumento de política laboral y productiva para las economías regionales.
Se celebra en conmemoración de la fecha de 1802 en la que se publicó el primer número del Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, editado por Hipólito Vieytes.
Después de más de 30 años, el Municipio y la Sociedad Rural impulsan la gran Expo que se realizará el 4, 5 y 6 de septiembre.
El distrito de Magdalena recupera una cita histórica con su identidad y su potencial productivo. Los días 4, 5 y 6 de septiembre, el predio de la Sociedad Rural de Magdalena (Ruta Provincial N.º 11, Km 61,5) abrirá sus puertas para la "Expo Magdalena Produce 2026", un evento de gran magnitud que regresa luego de más de tres décadas.
Fruto del trabajo articulado entre la Municipalidad y la Sociedad Rural local, la exposición busca ser una plataforma integral de desarrollo para los sectores agroindustrial, comercial, tecnológico, artesanal y turístico del partido. La propuesta, pensada para toda la comunidad, contará con entrada libre y gratuita.
¿Qué se espera?
Durante las tres jornadas, el predio albergará sectores dedicados al agro, la ganadería, la apicultura, la agricultura, la gastronomía y la exposición de maquinarias viales y rurales. También habrá espacios específicos para la incorporación de nuevas tecnologías e innovación, convirtiendo a la muestra en una vitrina fundamental para visibilizar el potencial local, posicionar marcas y potenciar a los emprendedores de la zona.
La capacitación tendrá un rol central mediante la Carpa Técnica, donde se brindarán charlas educativas, técnicas y de formación profesional abiertas a los sectores productivos y a la comunidad en general. Asimismo, el encuentro destacará el valor del trabajo institucional con la participación activa de la Escuela de Educación Secundaria Agraria de Bartolomé Bavio, el acompañamiento del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Partido de Magdalena, entre otras instituciones.
El inicio oficial será el viernes 4 de septiembre con el Acto Central de Inauguración, que reunirá a las autoridades, seguido por una recorrida educativa orientada a los establecimientos escolares del distrito. Además, la Expo ofrecerá un marco de esparcimiento familiar con paseos de compras, puestos gastronómicos y espectáculos en el escenario principal, donde los artistas locales serán los grandes protagonistas.
Con esta propuesta, Magdalena vuelve a posicionarse en la agenda productiva regional, conectando a miles de visitantes con la fuerza de su trabajo, sus tradiciones y su proyección hacia el futuro.
Este impulso a la producción se alinea con la proyección estratégica del municipio, que avanza a firme paso en la concreción de su futuro Parque Industrial. Diseñado como un espacio clave para el radicado de nuevas pymes, la atracción de inversiones y la generación de empleo calificado, este proyecto consolidará el perfil industrial y empresarial de Magdalena, fortaleciendo el entramado productivo que se exhibirá durante las tres jornadas de la Expo.
La
entidad señala que, tal como está redactado, podría generar inseguridad
jurídica y afectar a actividades agrícolas, ganaderas, forestales,
mineras e industriales.
El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) expresó su 'profunda preocupación' ante el avance en el Senado de un proyecto que propone incorporar la figura de "ecocidio" al Código Penal de la Nación
y solicitó formalmente que el dictamen no sea tratado en el recinto. La
posición fue planteada por una nota enviada a los senadores nacionales,
en la que la entidad cuestiona el dictamen de mayoría de las Comisiones
de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
correspondiente a la Orden del Día Nº 122/2026, expediente S-1064/25.
El CAA señala que el texto podría comprometer la seguridad jurídica
necesaria para el desarrollo de las actividades productivas.
La advertencia del sector productivo
Según
el Consejo Agroindustrial, uno de los principales problemas del
proyecto es la amplitud con la que se define la conducta que podría
constituir ecocidio. La entidad cuestiona que el dictamen contemple
daños ambientales producidos mediante la violación de "cualquier normativa vigente de protección ambiental y sus reglamentaciones".
A criterio del CAA, esto podría hacer que el incumplimiento de una
resolución administrativa o incluso de una ordenanza municipal opere
como disparador de un delito federal, con penas de entre 3 y 10 años de prisión.
La entidad sostiene que la redacción no establece parámetros
suficientemente precisos para determinar cuándo una conducta constituye
un delito y advierte sobre posibles efectos en sectores como la
agricultura, ganadería, actividad forestal, minería e industria.
Preocupación por la remediación ambiental
Otro de los puntos cuestionados es la definición propuesta para el "daño ambiental irreversible".
El CAA advierte que el proyecto establece que esa condición se
configuraría independientemente de las medidas de mitigación o
remediación que pudieran aplicarse posteriormente. Para la entidad, esta
formulación podría desalentar las inversiones destinadas a reparar
daños ambientales, porque aun cuando una empresa destinara recursos para
recomponer un área afectada, el esfuerzo de remediación no impediría la
configuración del tipo penal agravado. El dictamen, según la nota,
contempla en esos casos penas de 5 a 15 años de prisión.
También cuestionan el 'ecocidio culposo'
El Consejo Agroindustrial pone además el foco en la incorporación del denominado "ecocidio culposo",
que permitiría la persecución penal de conductas derivadas de
imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de deberes. La
entidad advierte que, bajo esa figura, podrían quedar expuestos
directivos, ingenieros y técnicos frente a contingencias como fallas
técnicas, accidentes de transporte, errores de cálculo en estudios de
impacto ambiental o incluso determinados eventos climáticos extremos no
anticipados. Para el CAA, se trataría de una respuesta penal desproporcionada para conductas que no necesariamente serían intencionales.
La
entidad advierte que, bajo esa figura, podrían quedar expuestos
directivos, ingenieros y técnicos frente a contingencias como fallas
técnicas, accidentes de transporte, errores de cálculo en estudios de
impacto ambiental o incluso determinados eventos climáticos extremos no
anticipados.
El impacto sobre empresas y pymes
Otro
de los cuestionamientos está dirigido al régimen de sanciones para las
personas jurídicas. El proyecto contempla, según la presentación del
CAA, la posibilidad de suspender total o parcialmente actividades por
hasta 10 años, establecer inhabilitaciones, quitar beneficios
estatales y aplicar multas de entre dos y cinco veces el beneficio
indebido obtenido. Cuando ese beneficio no pueda determinarse, el
dictamen establece una multa de entre 10% y 20% del capital social suscripto de la empresa. El Consejo considera que ese mecanismo podría tener un carácter confiscatorio y generar una situación de "quiebra técnica" para empresas y pymes incluso antes de una sentencia firme.
Responsabilidad que podría extenderse después de finalizada una actividad
El
CAA también cuestiona el agravante previsto cuando se produce la muerte
de una persona. La entidad señala que el proyecto contempla penas de
hasta 25 años de prisión y establece que el agravante podría
aplicarse aun cuando el fallecimiento ocurra después del cese de la
actividad contaminante. A juicio del sector agroindustrial, esto
generaría una contingencia temporal indefinida para directivos y
responsables técnicos, al quedar abierta la posibilidad de discutir
relaciones de causalidad muchos años después de terminada una operación.
Esto generaría una contingencia
temporal indefinida para directivos y responsables técnicos, al quedar
abierta la posibilidad de discutir relaciones de causalidad muchos años
después de terminada una operación.
'Impacto ambiental' y 'daño ambiental' no son lo mismo
Uno de los argumentos centrales de la presentación es la necesidad de diferenciar entre impacto ambiental y daño ambiental.
El CAA sostiene que toda actividad humana genera algún impacto
ambiental y que existen actividades productivas legalmente autorizadas
mediante los correspondientes estudios de impacto ambiental. En cambio,
considera que el daño ambiental debería implicar una alteración negativa
relevante y antijurídica. La entidad advierte que, si el proyecto no
establece umbrales cuantitativos ni estándares técnicos objetivos, podría
terminar alcanzando conductas correspondientes a actividades
productivas que actualmente cuentan con autorización de las autoridadescompetentes.
Reclamo por mayor precisión técnica
La organización también cuestiona expresiones incluidas en el proyecto como "daño especialmente grave", "deterioros severos", "extensión espacial" y "duración temporal",
al considerar que no están acompañadas por parámetros cuantitativos o
protocolos científicos previamente establecidos. Según el CAA, esto
dejaría un margen demasiado amplio para interpretar cada caso y podría
generar decisiones diferentes frente a situaciones similares en
distintas jurisdicciones.
El pedido del Consejo Agroindustrial
En este contexto, el CAA solicitó a los senadores que no avancen con el tratamiento del dictamen en la sesión ordinaria
y manifestó su disposición a presentar informes técnicos adicionales
sobre los posibles impactos macroeconómicos, constitucionales y
productivos de la iniciativa. Para el sector agroindustrial, el
debate no pasa por cuestionar la necesidad de proteger el ambiente, sino
por cómo se incorpora esa protección al derecho penal y cuáles pueden
ser sus consecuencias sobre actividades productivas que operan bajo
normas y autorizaciones vigentes.
Ayer se llevó a cabo en el City Center Rosario el "5° Congreso Nacional de Productores AFA 4.0", una iniciativa de la cooperativa orientada a las nuevas generaciones vinculadas al sector agropecuario.
Bajo el lema “La ciencia de producir, el arte de adaptarnos”, el encuentro convocará, por invitación, a jóvenes de entre 18 y 40 años vinculados con la actividad rural. Se trata de un evento de acceso exclusivo mediante invitación, pensado como un espacio de capacitación, intercambio y reflexión sobre los desafíos y las oportunidades que atraviesa el sector.
La jornada contó con la participación de destacados referentes de distintas disciplinas, quienes abordaron temáticas de especial interés.
Fredy Vivas, ingeniero en sistemas, especialista en Inteligencia Artificial, brindó una mirada sobre el impacto y las oportunidades de la IA.
Maximiliano Montenegro, economista, quien analizó el contexto económico y sus perspectivas.
Mateo Hunicken, consultor especialista en empresas agropecuarias.
Ander Etxeberría, sociólogo y responsable de comunicación corporativa en Corporación Mondragón.
Daniel Herrero, presidente & CEO de Prestige Auto S.AU. en argentina y referente en liderazgo y gestión.
La apertura del Congreso estuvo a cargo de Darío Marinozzi, presidente de la cooperativa, quien dará la bienvenida a los participantes y brindará la presentación que se titula: “AFA, construir futuro sin perder la esencia”. En su intervención, pondrá en contexto la importancia de generar espacios de encuentro, intercambio y formación para las nuevas generaciones que forman parte de la comunidad productiva, destacando el desafío de construir el futuro sin perder de vista los valores, la identidad y la esencia que caracterizan a la organización.
Un encuentro que buscó conectar, formar e inspirar
El Congreso AFA 4.0 se consolida como un espacio pensado para acompañar a los jóvenes productores frente a un escenario de permanente transformación. La incorporación de nuevas tecnologías, los cambios económicos, la gestión de las empresas familiares y los nuevos modelos de liderazgo serán algunos de los ejes que atravesarán la jornada.
En este marco, el evento contará además con la participación de 27 sponsors, que acompañarán la propuesta y tendrán presencia durante el encuentro, fortaleciendo el vínculo entre productores, empresas y actores relacionados con el ecosistema agropecuario.
Como parte de las actividades especiales, se realizó entre los integrantes del grupo objetivo el sorteo de un viaje a la 'Farm Progress Show 2027', una de las principales exposiciones internacionales vinculadas a la tecnología y la producción agropecuaria.
Con una convocatoria superando las expectativas, participaron más de 1.200 inscriptos (con mayoría de jóvenes), convirtiendo a esta quinta edición en uno de los principales encuentros de jóvenes vinculados a la cooperativa y a la actividad agropecuaria.
El oficialismo impulsa un proyecto de ley; la restricción de su uso quedará atada a la definición de Senasa.
En Misiones está prohibido el uso de glifosato para la agricultura, pero a esta medida le queda poco tiempo. El bloque oficialista de la provincia impulsó un proyecto de ley para volver a permitir que los productores agropecuarios utilicen nuevamente este producto.
La prohibición llegó luego de una iniciativa del dirigente político Carlos Rovira en 2023. La iniciativa abrió la polémica por su aplicación, pero también porque hubo denuncias por mal manejo de fondos para la compra de un bioinsumo que lo reemplace.
El gobernador Hugo Passalacqua, siempre ligado a Rovira, se peleó con su líder político y presentó este proyecto de ley. La iniciativa se tratará la próxima semana en la Legislatura y se espera que avance sin mayores complicaciones.
El texto de esta normativa establece la derogación del artículo de la prohibición. Esta noticia llegó luego de que en reiteradas ocasiones las entidades que integran la Mesa de Enlace se pronunciaron en contra de la medida.
“Se establece que la utilización de bioinsumos será exigible en el territorio provincial, en la medida que los distintos organismos competentes en el orden nacional o los que corresponden a los países de destino de las exportaciones de los productos de origen de la Provincia de Misiones, hayan autorizado la utilización de fitosanitarios amigables con el ambiente”, detalló el texto legislativo.
El proyecto de ley establece que el glifosato solamente estará prohibido cuando Senasa o el organismo del país que importe los productos certifiquen que existen bioinsumos que reemplacen este producto. La iniciativa también es leída como una crisis política en Misiones. Carlos Rovira siempre fue el hombre fuerte de la provincia y ahora Passalacqua busca disputarle el liderazgo con varios enfrentamientos, entre ellos el glifosato.
Se espera que la aprobación llegue en los próximos días. En caso de que se concrete, tendrá un fuerte significado productivo, pero también político.
El nuevo cupo para 'carne molida' beneficiaría a Brasil; el escenario de Argentina ante un mercado que cambió sus reglas por ahora.
La exportación de carne vacuna a los Estados Unidos mostró un gran avance en los primeros siete meses del año. De esta manera, se convirtió en uno de los principales motores de la ganadería local, aunque una reciente medida arancelaria del gobierno de Trump amenazó con erosionar esta ventaja competitiva.
Según datos del Indec, entre enero y julio de este año, el paísdespachó al exterior un total de 403.100 toneladas de carne vacuna. Esto representó un incremento del 6,7 % en comparación con el mismo período de 2025. Dentro de esta dinámica, Rosgan informó que elmercado norteamericano adquirió 67.118 toneladas, triplicando las 22.188 toneladas de la campaña previa. Esto elevó drásticamente su participación sobre el volumen total exportado, que pasó del 6 % al 17 % en apenas un año.
La medida que pone en jaque las exportaciones a Estados Unidos El salto exportador estuvo apuntalado por condiciones preferenciales de acceso que ahora corren el riesgo de diluirse frente a nuevos competidores globales. Actualmente, la Argentina cuenta con un cupo anual de 100.000 toneladas con arancel preferencial, compuesto por 20.000 toneladas de la cuota por tratado comercial y otras 80.000 toneladas autorizadas de manera extraordinaria por la administración de Donald Trump.
Los datos de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) indicaron que, al 31 de julio, se certificaron 61.050 toneladas, reflejando una ejecución del 61 %. Dentro de ese flujo, el tratado tradicional mostró una ejecución de 14.500 toneladas al 3 de agosto, equivalente a un nivel del 72,5 %, mientras que el saldo restante correspondió al cupo adicional trimestral.
El informe de Rosgan destacó que la preocupación se profundizó tras anunciarse que Estados Unidos habilitaría, por un período de 90 días, una cuota extraordinaria de hasta 300.000 toneladas de carne vacuna libre de aranceles destinada a molienda para "contener el precio de la carne picada". Este cambio de escenario regulatorio planteó un fuerte desafío para la ganadería local ante la potencial irrupción de Brasil. El país vecino enfrenta serias trabas para colocar sus saldos exportables tras haber agotado prácticamente su cupo anual en China de 1.106.000 toneladas y arrastrar restricciones en la Unión Europea por observaciones sanitarias sobre "los controles vinculados al uso de productos antimicrobianos en su ganadería".
Ante esta encrucijada, el informe sectorial advirtió que para la Argentina la medida representará una situación particular. El análisis determinó que una apertura generalizada podría llegar a erosionar parcialmente la ventaja arancelaria conseguida durante este año. Además, indicó que debido a la fuerte competencia externa afectaría de forma directa el saldo del cupo adicional, cuya utilización se concentra mayoritariamente en carne de menor valor comercial, destinada al procesamiento industrial.
Investigadores del INTA Alto Valle detectaron la presencia de Rahnella aceris, un patógeno que provoca podredumbre en frutos de pepita durante el período de conservación en frío.
El
Laboratorio de Fitopatología de la Estación Experimental Agropecuaria
(EEA) Alto Valle del INTA identificó una nueva patología bacteriana que
afecta a los frutos de pepita de la región, como peras y manzanas. La enfermedad, reportada al Sinavimo, se detectó durante la etapa de conservación de la fruta embalada.
Los
casos fueron registrados durante las campañas poscosecha de 2024 y 2025
en distintos establecimientos de empaque y conservación, manifestándose
tras un período de almacenamiento en frío de entre 2 y 8 meses. “Si
bien se constató una mayor incidencia en peras de la variedad D’ Anjou
y, en menor medida, en Packham’s, también se registraron casos en
manzanas Red Delicious”, explicó Aluminé Tudela -especialista del INTA
Alto Valle-.
El
síntoma principal de esta enfermedad consiste en una podredumbre
marrón, blanda y cóncava, generalmente de forma circular, ubicada en la
zona ecuatorial del fruto y caracterizada por presentar halos
translúcidos en sus márgenes.
“Al
cortar la fruta, se observa el avance del daño en la pulpa y, en
ciertas ocasiones, una masa mucosa que constituye el signo visible del
patógeno”, aclaró Tudela.
El equipo de especialistas del INTA avanza en estudios epidemiológicos.
Aunque los síntomas pueden confundirse a simple vista con la podredumbre común causada por el hongo Penicillium expansum,
en el caso de esta nueva bacteria no es fácil separar el tejido sano
del enfermo. Además, se distingue notablemente por la ausencia de
esporulación o crecimiento micelial sobre la superficie afectada. o
peras y manzanas,
“La
amplia distribución territorial de los casos detectados en el Alto
Valle y su reaparición en lotes provenientes de las mismas fincas
sugieren que podría tratarse de una infección originada en el campo, la
cual permanece latente hasta que la fruta entra en las cámaras de
conservación”, explicó la investigadora.
A
través de técnicas de secuenciación genómica completa y análisis
filogenético en colaboración con especialistas del Instituto de
Patología Vegetal –IPAVE-, se confirmó que el microorganismo responsable
es la bacteria Rahnella aceris.
Las
inoculaciones posteriores en laboratorio ratificaron su capacidad
patogénica, demostrando además que las variedades de pera Packham’s,
D’Anjou, Williams y Abate Fetel son susceptibles a este agente.
Actualmente,
el equipo de especialistas del INTA avanza en estudios epidemiológicos
para determinar cómo se comporta la enfermedad, un paso clave para
diseñar estrategias eficaces de control y mitigación en la cadena
productiva.
Por
este motivo, desde el INTA destacan la necesidad de informar, ante la
detección de sintomatologías similares a las descritas, al área de
Fitopatología-Sanidad Vegetal de la EEA Alto Valle.
Al
mismo tiempo, Tudela destacó que “la recolección sistemática de datos y
muestras es clave para acelerar el conocimiento sobre la enfermedad y
brindar respuestas a los productores de la región”.
La empresa santafesina recurrió esta semana a la Justicia tras más de
un año de crisis, con plantas paralizadas, salarios impagos y una ola de
pedidos de quiebra. Acumula más de 2.900 cheques rechazados por $11.200
millones y registra una deuda bancaria de $4.745 millones.
La
empresa tiene tres plantas productivas, llegó a procesar más de 1
millón de litros diarios y emplear en forma directa a 700 personas.
La crisis que durante más de un año fue dejando a Lácteos Verónica
sin producción, sin capital de trabajo y sin capacidad para cumplir con
sus obligaciones terminó por llegar a los tribunales. La tradicional
empresa santafesina se presentó esta semana en concurso preventivo de acreedores, acorralada por un pasivo que se multiplicó mientras sus tres plantas permanecían prácticamente fuera de funcionamiento.
La presentación quedó radicada ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N°17, Secretaría N°34,
donde ya tramitan varios de los reclamos contra la compañía. El
expediente de concurso figura actualmente en despacho y la Justicia
deberá resolver si corresponde abrir formalmente el proceso.
La empresa es patrocinada por el Estudio Alegria, Buey Fernández, Fissore & Montemerlo (ABFFM),
un histórico estudio jurídico especializado en derecho empresario,
reestructuraciones financieras y concursos y quiebras. La firma fue
fundada en 1976 por Héctor Alegria y cuenta con una práctica específica
en insolvencia y reestructuración de deuda. Según su propio sitio,
participó en más de cien concursos, quiebras, acuerdos preventivos
extrajudiciales y reestructuraciones.
Lácteos
Verónica es una de las empresas más tradicionales de la industria
láctea argentina. Fundada en 1923, lleva más de seis décadas radicada en
Santa Fe y permanece bajo control de la familia Espiñeira, propietaria
de la compañía. A lo largo de su historia se consolidó como una
de las principales usinas de la región y llegó a procesar hasta un
millón de litros de leche por día.
El
paso al concurso se produce después de meses en los que la empresa
intentó contener los reclamos de manera individual. Esa estrategia quedó
cada vez más complicada por la cantidad de acreedores que comenzaron a
avanzar judicialmente.
La presentación más reciente vino de la mando del Banco Galicia quien también le pidió la quiebra a Verónica,
en un contexto en el que la entidad aparece entre sus principales
acreedores. Según los últimos datos del Banco Central, correspondientes a
junio, la empresa registra con Galicia una deuda de $1.376,7 millones, calificada en Situación 3, es decir, con problemas.
El sistema financiero muestra además otros pasivos relevantes. Verónica registra alrededor de $4.745 millones de deuda bancaria entre distintas entidades y compañías de crédito. A Galicia se suman Banco
Nación, con unos $1.327 millones; Credibel, con $1.115 millones;
Catalinas Cooperativa de Crédito, con $708 millones y Banco Macro, con
unos $208 millones, además de Santander, Banco Provincia, Banco Ciudad y Banco Industrial.
Pero el dato que permite dimensionar el deterioro de la cadena de pagos es otro: la compañía acumula más de 2.900 cheques rechazados por más de $11.200 millones.
En paralelo, se multiplicaron los expedientes judiciales. Hay pedidos de quiebra iniciados por Establecimientos Los Cerros y Munay, Agropecuaria El Timbó, Criolani Agropecuaria, Dices Argentina y Libertador Factoring, entre otros proveedores. También avanzan ejecuciones iniciadas por empresas como Libres Seguridad, Trading Internacional, Soluciones Randstad y Fremar, además de procesos vinculados con Hypred Argentina.
La presión judicial ya había obligado a la compañía a resolver reclamos puntuales. En marzo, por ejemplo, canceló una deuda de $23,2 millones en sede judicial y consiguió frenar un pedido de quiebra.
Pero ese pago no modificó el cuadro general: los cheques rechazados
siguieron acumulándose, las deudas bancarias se deterioraron y nuevos
acreedores llegaron a los tribunales.
Tres plantas paralizadas y una empresa que perdió trabajadores
El concurso aparece después de meses en los que la reactivación que se esperaba nunca llegó. Las plantas de Clason, Lehmann y Suardi, en Santa Fe, permanecen paralizadas o con una actividad prácticamente inexistente. La empresa que llegó a procesar más de un millón de litros de leche por día quedó sin materia prima y sin capacidad para sostener una operación normal.
El impacto sobre los trabajadores también se profundizó. Verónica llegó a tener más de 700 empleados directos,
aunque actualmente son menos porque parte de los trabajadores, frente a
los meses sin cobrar, tuvo que buscar otros empleos o ingresos para
sostener a sus familias.
Los
incumplimientos salariales comenzaron a acumularse desde el año pasado.
En el medio, hubo protestas, cortes de ruta, movilizaciones y reclamos
ante autoridades provinciales y nacionales. La situación llevó incluso a
la provincia de Santa Fe a disponer asistencia económica y alimentaria para familias vinculadas con las plantas de producción.
En
este marco, la crisis también rompió el vínculo con productores y
proveedores. La falta de pagos y de materia prima dejó a la estructura
industrial sin capacidad de recuperar un flujo de fondos propio. Los
acuerdos de producción a fasón que habían permitido sostener alguna
actividad durante parte del año pasado tampoco se convirtieron en una
salida permanente.
Las denuncias de vaciamiento y el entramado de la familia Espiñeira
La situación financiera de Verónica quedó además atravesada por denuncias de presunto vaciamiento
que comenzaron a tomar fuerza durante 2025 y volvieron a aparecer este
año. Trabajadores y dirigentes políticos cuestionaron que la crisis de
la láctea pudiera explicarse solamente por las dificultades del sector y
pusieron el foco en movimientos dentro del propio grupo familiar.
Uno de los puntos centrales es Las Becerras S.A.,
una empresa vinculada a la familia Espiñeira que durante años funcionó
como tambo y proveedora de materia prima de Verónica. Según las
denuncias difundidas por trabajadores y legisladores, Las Becerras dejó de abastecer a la láctea y comenzó a vender leche a otras empresas,
mientras Verónica quedaba sin materia prima para producir. Esa
situación fue señalada públicamente como una posible maniobra de
vaciamiento.
El otro elemento que encendió las alertas fue la creación, en septiembre de 2025, de tres nuevas sociedades vinculadas a integrantes de la familia Espiñeira:
Kawsay S.A., Agro Prada S.A. y Grandal Agropecuaria S.A., con objetos
relacionados con actividades agropecuarias, tambo y comercialización. En
registros societarios aparecen Mariel Espiñeira, Alejandro Espiñeira y María del Carmen Espiñeira Dianti, respectivamente, vinculados a esas compañías.
Ya
en junio de 2025, cuando la crisis comenzaba a adquirir otra dimensión,
trabajadores y legisladores habían puesto bajo la lupa a Las Becerras,
por su relación con la familia controlante y por presuntas
transferencias de campos y maquinaria. También se habían planteado dudas
sobre la separación de activos dentro del grupo.
A partir de ahora será la Justicia Comercial la encargada de auditar la situación de Lácteos Verónica,
determinar el alcance de sus obligaciones y ordenar la relación con sus
acreedores. El concurso promete convertirse en uno de los procesos de
mayor magnitud dentro de la industria láctea, con un pasivo que, además
de los más de $15.900 millones registrados solo en el sistema financiero, incluye a proveedores, trabajadores y otros acreedores que deberán presentarse en el expediente.
La apertura del proceso pondrá finalmente bajo revisión judicial el
patrimonio y las cuentas de una compañía que durante más de un año
acumuló incumplimientos mientras su actividad productiva prácticamente
se detuvo.
En
las últimas semanas se debatieron reformas tributarias, nuevas reglas
laborales y acuerdos internacionales con impacto en el sector. Varias
iniciativas obtuvieron dictamen, aunque todavía no fueron convertidas en
ley.
La actividad parlamentaria de agosto dejó definiciones relevantes para el campo y la agroindustria. Entre
los principales avances aparecieron la rebaja del IVA para la fécula de
mandioca, la actualización de sanciones por empleo rural no registrado y
la apertura de mercados mediante el convenio entre el Mercosur y
Singapur.
Una rebaja impositiva para la mandioca
La
Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados respaldó por unanimidad
una iniciativa que reduce del 21% al 10,5% la alícuota aplicada a la
mandioca. El objetivo es equiparar su tratamiento con el de otros
productos similares y aliviar una distorsión que afecta especialmente a
la economía misionera.
El beneficio alcanzaría a
productores, cooperativas y plantas procesadoras de una cadena que
genera materia prima para diferentes industrias. Además de mejorar su
competitividad, la propuesta busca estimular la elaboración de
alimentos libres de gluten y ampliar el agregado de valor en origen.
Durante el debate,
el diputado Oscar Herrera Ahuad sostuvo que la norma "está destinada a
corregir una asimetría tributaria que afecta de manera directa a una
economía regional estratégica". Tras recibir dictamen unánime, el expediente quedó habilitado para ser incluido en una futura sesión de la Cámara baja.
Empleo rural e Inocencia Fiscal
Otra de las discusiones fue la modificación del régimen de Inocencia Fiscal. El
texto amplía el universo de contribuyentes comprendidos, redefine la
denominada "discrepancia significativa", restringe determinadas
presunciones y refuerza la carga probatoria de la Agencia de Recaudación
y Control Aduanero.
Dentro de ese paquete también se planteó actualizar las multas por falta de registración de trabajadores rurales. El
cambio busca adecuar sanciones que habían quedado desactualizadas y
elevar el costo del incumplimiento para los empleadores que mantengan
personal fuera de los registros correspondientes.
El oficialismo consiguió despacho de mayoría y buscó llevar la propuesta al pleno. No
obstante, hasta completar el trámite legislativo, las modificaciones no
tienen vigencia y las obligaciones actuales continúan sin alteraciones.
Tierras junto a las rutas, bajo debate
Además, la agenda incorporó dos proyectos para aprovechar con fines productivos las franjas lindantes con caminos nacionales.
Las iniciativas fueron presentadas por Javier Sánchez Wrba, del PRO y
Agustina Propato, de Unión por la Patria, aunque establecen alternativas
diferentes para administrar esos espacios.
La propuesta de Propato
autoriza a las provincias a conceder permisos precarios, gratuitos u
onerosos, por un plazo máximo de un año y con posibilidad de renovación.
Allí podrían sembrarse cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas y
otros cultivos, siempre fuera de la superficie reservada para banquinas y
con autorización de Vialidad Nacional.
El
articulado exige controlar plagas y malezas, evitar prácticas que
provoquen erosión y preservar las condiciones ambientales. También
prohíbe el pastoreo y la colocación de alambrados, mientras que
establece prioridad para beneficiarios de programas alimentarios,
entidades de bien público, cooperadoras de escuelas rurales y
cooperativas productivas. Sus fundamentos estiman que el esquema
permitiría sumar más de 30.000 hectáreas a la producción, una cifra
inferior a las 50.000 mencionadas de manera general en el informe
legislativo.
Nuevos mercados en el horizonte
En materia de comercio exterior, un plenario de
las comisiones de Relaciones Exteriores y Mercosur dictaminó
favorablemente el acuerdo de libre comercio entre el bloque sudamericano
y Singapur. El entendimiento, firmado en diciembre de 2023, apunta a
reducir barreras, facilitar operaciones y profundizar la inserción
regional en el sudeste asiático.
En paralelo,
comenzaron a analizarse mecanismos para monitorear los efectos del
convenio Mercosur-Unión Europea sobre economías regionales, pymes,
empleo y producción. El movimiento legislativo abrió oportunidades para
distintas actividades agroindustriales, pero su impacto dependerá de la
aprobación definitiva de cada iniciativa, su reglamentación y la
capacidad de las cadenas argentinas para transformar esas normas en
mayor inversión y acceso efectivo a los mercados.
Tamién este miércoles 26 por la tarde (15 hs.), se presentará un proyecto sobre'Vandalismo Rural',presentado por el diputado Martín Ardohain (PRO), presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca de Diputados.
Nueve
de los 20 complejos analizados alcanzaron cifras récord, aunque el
sector registró su menor participación en las ventas externas argentinas
desde 2019.
Las
ventas externas argentinas totalizaron en USD 49.454 millones entre
enero y junio, un 24% más que en igual período del año pasado. Dentro de ese volumen, las cadenas vinculadas al agro aportaron 5,7 de cada diez dólares obtenidos por el país.
De
acuerdo con el último informe de la Fundación Agropecuaria para el
Desarrollo de Argentina (FADA), la participación agroindustrial se ubicó
en el 57% del total nacional, el registro más bajo desde 2019. La
reducción respondió principalmente al crecimiento del rubro combustibles
y energía, que en apenas seis meses alcanzó el equivalente al 68% de
todo lo exportado durante 2025.
Aunque esos
envíos todavía representaron solo el 23% de los generados por el agro,
el avance modificó la composición del comercio exterior. Durante los
primeros meses del año, el aceite crudo de petróleo desplazó del podio
al aceite de soja, históricamente el principal producto comercializado
por la Argentina en otros mercados. Del monto aportado por las cadenas agroindustriales, el 68,5% correspondió a los complejos granarios.
Luego, las economías regionales participaron con el 14%, las carnes con
el 10%, los lácteos representaron el 2,5% y el 5% restante provino de
otras actividades comprendidas en el sector.
Nueve complejos marcaron máximos
De
los 20 grupos estudiados 14 aumentaron tanto el valor como el volumen
de sus operaciones, mostrando un desempeño generalizado positivo. En
esa lista se ubicaron girasol, porcino, maíz, trigo, cebada, bovino,
lácteos, pesca, limón, uva, legumbres, forestal, té y ovinos.
Además, nueve actividades lograron su mejor primer semestre desde el inicio de la medición. Bovinos,
limón, peras y manzanas, legumbres, ovinos, porcinos, girasol, lácteos y
pesca establecieron máximos en divisas, mientras que las últimas cinco
también alcanzaron marcas inéditas en toneladas.
Sin embargo, en el caso de la soja, las peras y las manzanas incrementaron la facturación pese a despachar menos mercadería. Mientras
que yerba mate y maní ampliaron las cantidades, pero recibieron menos
dólares. Y los complejos avícola y arrocero fueron los únicos que
retrocedieron en ambos indicadores.
Retenciones y potencial exportador
Las cadenas agroindustriales aportaron USD 2.407 millones en concepto de Derechos de Exportación durante el período. El 91% provino de los granos, el 5% de las carnes, el 3% de las economías regionales y el 1% de otros productos.
Según
la estimación incluida en el informe, eliminar esos tributos permitiría
producir 70,4 millones de toneladas adicionales de granos en un plazo
de diez años, una expansión del 56%. Parte de ese incremento podría volcarse al mercado internacional y sumar USD 25.791 millones a las colocaciones del sector.
Esa
mejora tendría una magnitud comparable con el crecimiento que distintas
proyecciones atribuyen a la minería y la energía, estimado entre USD
20.000 millones y USD 30.000 millones. La diferencia es que la
agroindustria ya constituye el principal bloque exportador del país y
conserva capacidad para ampliar su presencia global.
Un cierre de año condicionado
FADA
proyectó que el sector podría finalizar 2026 con ingresos cercanos a
USD 55.000 millones, un nivel similar al de los dos años anteriores. La
estimación se sostuvo en una oferta de granos de 146,8 millones de
toneladas (15% superior a la campaña 2024/25), precios favorables para
la carne bovina y señales neutrales a positivas para los cultivos y sus
derivados.
Sin embargo, para varias
economías regionales el principal obstáculo radica en que los precios
que reciben los productores se mantuvieron prácticamente estancados o
crecieron por debajo de la inflación y del aumento de los costos
operativos. De esta manera, cuando la situación se prolongue
comenzará a impactar en los demás componentes y dificulta la
recuperación de estas actividades.
De esta manera, el crecimiento de las ventas y los nuevos récords confirmaron la fortaleza exportadora del agro argentino. No
obstante, la pérdida de participación frente a la energía y las
dificultades de distintas producciones regionales anticiparon una
composición más diversificada, y también más desafiante, del ingreso de
divisas.
El
Ministerio de Comercio chino informó que Argentina ya utilizó el 50%
del contingente previsto para 2026. Qué volumen queda disponible y
cuándo comenzaría a regir el arancel adicional.
El 50% del cupo de carne vacuna argentina asignado por China para 2026
bajo el régimen de salvaguardia ya fue cubierto, según una advertencia
difundida por el Ministerio de Comercio de China (MOFCOM). El dato
encendió una señal de atención entre los operadores del sector, debido a
que, una vez agotado el contingente anual, las exportaciones que
excedan ese límite quedarán alcanzadas por un arancel adicional del 55%. De
acuerdo con la información comunicada por las autoridades chinas, al 5
de agosto las importaciones de carne vacuna procedentes de Argentina
habían alcanzado aproximadamente la mitad del contingente establecido
para el corriente año. El mecanismo de salvaguardia contempla un cupo
determinado para cada país proveedor y establece condiciones
arancelarias diferentes una vez que ese volumen es superado.
El ritmo de las importaciones y el cupo disponible
La
normativa vigente establece que, cuando se alcanza el 100% del
contingente disponible, comienza a aplicarse, a partir del tercer día,
un arancel adicional del 55% sobre las importaciones que ingresen por
encima del cupo. Por ese motivo, la evolución de los embarques
argentinos durante los próximos meses será seguida de cerca por
exportadores, frigoríficos y autoridades del sector.
Las
estadísticas de la Aduana de China permiten dimensionar el ritmo de los
envíos registrados durante la primera mitad del año. Entre enero y
junio, Argentina había ingresado al mercado chino unas 239.500 toneladas de carne vacuna, volumen equivalente al 47% del contingente disponible para 2026.
A
partir de esos registros y de la información posterior difundida por
MOFCOM, puede inferirse que durante julio habrían ingresado menos de
16.000 toneladas adicionales. Ese volumen habría sido suficiente para
llevar la utilización del cupo hasta el 50%, porcentaje informado
oficialmente por el Ministerio de Comercio chino al 5 de agosto.
El
dato resulta relevante porque muestra que, hasta el momento, el ritmo
de utilización del contingente se mantiene por debajo de un nivel que
implique un agotamiento inmediato. Sin embargo, también deja en
evidencia la importancia de monitorear la evolución mensual de las
exportaciones, especialmente durante la segunda mitad del año, cuando pueden producirse variaciones en la demanda y en los volúmenes comercializados.
Qué margen queda para los próximos meses
Con
el 50% del cupo ya ejecutado, el saldo pendiente para lo que resta de
2026 permitiría, en principio, el ingreso de unas 50.000 toneladas
mensuales en promedio, tomando como referencia los meses restantes del
año. Se trata de una estimación y no de un límite mensual formal, ya que
el contingente se administra sobre una base anual y los volúmenes
pueden concentrarse de manera diferente entre los distintos meses.
Al
5 de agosto, Argentina había utilizado la mitad del cupo anual para
ingresar carne vacuna al mercado chino. El sector sigue de cerca el
ritmo de los embarques del segundo semestre.
La posibilidad de disponer de ese margen es particularmente importante para la industria frigorífica
argentina, dado que China constituye uno de los principales destinos de
la carne vacuna nacional. El mercado asiático tiene un peso
significativo en las exportaciones argentinas y cualquier modificación
en las condiciones de acceso puede repercutir tanto sobre los volúmenes
embarcados como sobre los precios y la planificación comercial de las
empresas.
El
principal punto de atención estará puesto, por lo tanto, en la
velocidad con la que se utilice el 50% restante del contingente. Si los
embarques mantienen un ritmo cercano al promedio implícito en los
primeros siete meses del año, el cupo podría administrarse sin alcanzar rápidamente el límite anual.
En cambio, un incremento significativo de las exportaciones durante los
próximos meses aceleraría su utilización y podría acercar el momento en
que entre en funcionamiento el arancel adicional.
Para
los exportadores argentinos, el esquema genera además la necesidad de
realizar un seguimiento permanente de la información oficial china. El
momento exacto en que se complete el contingente será determinante, ya
que a partir del tercer día posterior al agotamiento comenzará a regir
el arancel adicional del 55% previsto por la salvaguardia. Esa
diferencia arancelaria puede modificar de manera sustancial la ecuación económica de las operaciones que se realicen por fuera del cupo.
En
este contexto, el dato difundido por MOFCOM no implica que Argentina se
encuentre cerca de agotar el contingente, pero sí confirma que una
parte sustancial del cupo anual ya fue utilizada. Con aproximadamente la
mitad del volumen disponible todavía pendiente de ejecución, la
evolución de las exportaciones durante el segundo semestre será clave
para determinar si el país logra mantener sus operaciones dentro del
régimen preferencial o si, eventualmente, una parte de los embarques
queda expuesta al arancel adicional.
La
situación también pone de relieve la importancia estratégica que tiene
para el sector cárnico argentino el acceso al mercado chino. La
evolución del cupo, las decisiones de los importadores y el
comportamiento de la demanda serán factores centrales para definir el
ritmo de los envíos en los próximos meses y el grado de utilización del
contingente previsto para todo 2026.
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