El anteproyecto
impulsado por el Ministerio de Desregulación propone eliminar el
financiamiento obligatorio del IPCVA, liberar la contratación de campos y
disolver la COVIAR. La iniciativa todavía no fue enviada al Congreso y
sus disposiciones no se encuentran vigentes.
El Gobierno nacional
comenzó a hacer circular un amplio anteproyecto de ley que busca avanzar
sobre regulaciones vigentes en distintos sectores de la economía.
Aunque la iniciativa contiene más de un centenar de artículos y alcanza
actividades tan diversas como farmacias, transporte marítimo, mercados
financieros, corretaje y cultura, algunos de sus cambios más relevantes
impactarían directamente sobre el sector agroindustrial.
El texto fue
elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado
y, por el momento, no ingresó formalmente al Congreso. Por esa razón,
las modificaciones planteadas deben considerarse propuestas sujetas a
revisión y no decisiones ya adoptadas.
Dentro del agro, los
principales ejes se concentran en el financiamiento del Instituto de
Promoción de la Carne Vacuna Argentina, los contratos de arrendamiento y
aparcería rural y la estructura institucional de la vitivinicultura.
Un nuevo esquema de financiamiento para el IPCVA
Uno de los cambios de
mayor impacto alcanzaría al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna
Argentina. El anteproyecto propone eliminar, a partir del 1 de octubre
de 2027, las contribuciones obligatorias que actualmente sostienen su
funcionamiento.
De aprobarse la
iniciativa, el IPCVA no desaparecería, pero debería reemplazar su actual
modelo de financiamiento por otro basado en aportes voluntarios,
donaciones, venta de servicios, certificaciones y otros ingresos
propios.
La Ley 25.507 creó al
instituto como un ente de derecho público no estatal y estableció un
fondo destinado a financiar acciones de promoción, investigación y
posicionamiento de la carne vacuna argentina. Las contribuciones son
aportadas por productores y por la industria frigorífica, mediante
mecanismos de percepción establecidos en la propia normativa.
La eliminación de la
obligatoriedad representaría un cambio estructural. El IPCVA debería
conservar sus actividades de promoción en los mercados interno y
externo, capacitación, generación de información y apoyo a la cadena de
ganados y carnes con recursos que ya no estarían garantizados por ley.
El argumento oficial
se inscribe en la decisión de eliminar aportes compulsivos y permitir
que las instituciones sean financiadas voluntariamente por quienes
utilizan o valoran sus servicios. El interrogante será si ese mecanismo
podrá sostener una política permanente de promoción internacional en un
mercado mundial altamente competitivo.
Libre contratación en los arrendamientos rurales
El segundo cambio
central es la derogación de las leyes 13.246 y 14.432, que establecen el
régimen específico para los contratos de arrendamiento y aparcería
rural.
La normativa actual
regula las relaciones entre propietarios, arrendatarios y aparceros,
incluyendo obligaciones de las partes, duración de los acuerdos, uso de
los predios, conservación de los recursos y distribución de los frutos
obtenidos en las explotaciones bajo aparcería.
Según el
anteproyecto, los contratos vigentes continuarían sometidos a estas
normas hasta su vencimiento. Los nuevos acuerdos, en cambio, quedarían
sujetos principalmente a las reglas generales del Código Civil y
Comercial y a las condiciones libremente pactadas entre las partes.
La modificación
permitiría acordar con mayor flexibilidad la duración de los contratos,
las formas de pago, las responsabilidades productivas y la distribución
de riesgos y resultados.
Para el Gobierno, la
libre contratación podría agilizar el acceso a campos, reducir costos
administrativos y facilitar acuerdos adaptados a cada actividad o
campaña. Sin embargo, la eliminación de una legislación agraria
específica también abre interrogantes sobre la capacidad de negociación
de pequeños y medianos productores frente a propietarios o empresas de
mayor escala.
La consecuencia
concreta sería el paso desde un régimen con reglas particulares para la
actividad rural hacia otro basado fundamentalmente en la autonomía
contractual.
Disolución de la COVIAR y cambios en la vitivinicultura
El anteproyecto
también plantea una transformación profunda para la cadena vitivinícola.
La iniciativa propone derogar la Ley 25.849, mediante la cual fue
creada la Corporación Vitivinícola Argentina como persona jurídica de
derecho público no estatal encargada de coordinar el Plan Estratégico
Vitivinícola.
De aprobarse el
proyecto, la COVIAR debería presentar un informe final, rendir cuentas y
avanzar hacia su liquidación. Los recursos remanentes serían
transferidos al Instituto Nacional de Vitivinicultura.
La propuesta implica
desarmar una estructura de articulación público-privada que durante más
de dos décadas reunió a productores, bodegas, cooperativas, gobiernos
provinciales y organismos nacionales alrededor de una planificación
común.
El texto también
contempla la derogación de la Ley 23.149, que establece que determinados
envases de vino deben fraccionarse exclusivamente en las zonas donde se
producen las uvas utilizadas para su elaboración.
Junto con estos
cambios, se propone simplificar los controles sobre la actividad,
incorporar prácticas reconocidas internacionalmente y concentrar una
mayor parte de la fiscalización estatal en las etapas finales de la
cadena.
El objetivo oficial
sería reducir trámites, facilitar la circulación de los productos y
adaptar las normas argentinas a estándares internacionales. La discusión
seguramente estará centrada en cómo compatibilizar esa simplificación
con la trazabilidad, la protección del origen y la situación de las
economías regionales vinculadas al vino.
Nuevas herramientas financieras para la producción
Aunque no está
incluido exclusivamente dentro del capítulo agropecuario, el
anteproyecto también incorpora modificaciones financieras que podrían
alcanzar directamente a productores, acopios, cooperativas y empresas
agroindustriales.
Entre ellas aparecen
la emisión y negociación electrónica de warrants, el reconocimiento de
contratos inteligentes y registros basados en tecnología blockchain, la
utilización de activos digitales como garantía y una mayor flexibilidad
para pagarés, letras de cambio y fideicomisos.
Estas herramientas
buscarían facilitar el acceso al crédito, digitalizar garantías sobre
mercadería y reducir tiempos y costos operativos. En el agro, los
warrants cumplen un papel importante porque permiten obtener
financiamiento utilizando granos, insumos u otros productos almacenados
como respaldo de una operación.
El resultado
dependerá no solamente de la modernización tecnológica, sino también de
la seguridad jurídica, la trazabilidad de los activos y la aceptación
que estas herramientas alcancen entre entidades financieras y operadores
comerciales.
Cabotaje y logística agroexportadora
Otra modificación que
podría tener efectos indirectos sobre el agro es la apertura del
transporte de cabotaje a embarcaciones extranjeras y la reducción de
aranceles para importar buques.
El Gobierno sostiene
que una mayor competencia permitiría ampliar la oferta de transporte y
reducir los costos logísticos. Para las cadenas agroexportadoras,
cualquier mejora en el movimiento de granos, alimentos, fertilizantes y
combustibles podría tener efectos sobre la competitividad.
Sin embargo, el
alcance real dependerá de las rutas habilitadas, la disponibilidad de
embarcaciones, los costos portuarios y la articulación con la Hidrovía
Paraná-Paraguay.
Una reforma que recién comienza su recorrido
El anteproyecto
también aborda la venta de medicamentos, el gas licuado de petróleo, la
actividad de los corredores, la marina mercante, el precio de los libros
y distintos servicios profesionales. Esos capítulos forman parte de una
misma orientación destinada a reducir requisitos, digitalizar
procedimientos y limitar la intervención estatal en las relaciones
económicas.
En el caso del agro,
el cambio no se limita a la eliminación de algunos trámites. La
propuesta revisa instituciones y marcos legales que llevan décadas
funcionando y modifica la manera en que se financia la promoción de la
carne, se contratan campos y se organiza la política vitivinícola.
Antes de convertirse
en ley, el texto deberá ser presentado formalmente, debatido y aprobado
por ambas cámaras del Congreso. Hasta que ese proceso ocurra, las
contribuciones al IPCVA, las normas sobre arrendamientos rurales y la
estructura de la COVIAR continúan vigentes.
