Cerca
de 200 trabajadores recibieron telegramas de despido y se manifestaron
frente a la planta en General Pico. El conflicto se enmarca en un
Procedimiento Preventivo de Crisis y reabre interrogantes sobre el
negocio frigorífico.
Las desvinculaciones alcanzan a alrededor de 190
casos sobre un total de 580 empleados bajo convenio colectivo, lo que
representa más de un tercio de la dotación. Las cartas de despido,
enviadas en los últimos días, habrían aplicado el artículo 247 de la Ley
de Contrato de Trabajo, que habilita el pago reducido de la
indemnización ante una supuesta "falta o disminución de trabajo no
imputable al empleador".
Durante la protesta, los ex
operarios entregaron volantes para dar a conocer su situación y poner en
evidencia la incertidumbre laboral y económica que atraviesan. Algunos
denunciaron que, pese a los despidos, dentro de la planta continúan
obras de mantenimiento, lo que pone en duda el argumento de crisis
esgrimido por la empresa para justificar la reducción del 50% de las
indemnizaciones.
Los trabajadores aseguraron que la indemnización
debía haberse abonado a mediados de esta semana pero que hasta el
momento no se ha hecho efectiva, y cuestionaron la forma en que se
notificaron los despidos, en muchos casos mediante telegrama. También
expresaron descontento con el rol del sindicato, al afirmar que no
recibieron acompañamiento ni explicaciones claras durante el proceso. Al mismo tiempo que afirmaron que la cantidad de personas presentes se debía al miedo que tienen los ex trabajadores al gremio.
Además,
en sus declaraciones los manifestantes señalaron irregularidades
laborales previas, como atrasos en aportes previsionales y condiciones
deficientes en el ambiente de trabajo. Con antigüedades que en
varios casos superan los 10 años, muchos de los despedidos se ven
obligados a buscar trabajos informales para poder sostener sus familias
mientras esperan una resolución que les permita cobrar lo que les
corresponde por ley.
Hasta el momento, no se informó una
respuesta oficial detallada por parte de la empresa sobre los pasos a
seguir tras el envío de los telegramas, ni una resolución definitiva
por parte de la autoridad laboral respecto del Procedimiento Preventivo
de Crisis que se tramita en el ámbito provincial.
La
situación en el Frigorífico General Pico se da en un contexto más amplio
de contracción de la actividad en la cadena de carnes bovinas, uno de
los sectores productivos más relevantes de la economía argentina.
Esta dinámica contribuye a intensificar el efecto socioeconómico de las
desvinculaciones en localidades donde el frigorífico representa un
empleador clave y motor económico, con repercusión directa sobre el
desarrollo de la localidad.
En este sentido, los propios
trabajadores señalaron que se vieron en la necesidad de recurrir a la
Municipalidad en busca de algún tipo de asistencia. A la espera de
una respuesta concreta sobre el pago de las indemnizaciones y la
situación laboral de la planta, muchos de los damnificados debieron
salir a buscar "changas" o trabajos temporarios para sostener a sus
familias y afrontar los gastos cotidianos, en un contexto de marcada
incertidumbre económica.
El desarrollo del caso dependerá de las
actuaciones administrativas y de las eventuales instancias de
negociación entre la empresa, el gremio y la autoridad laboral. Mientras
tanto, la situación mantiene en incertidumbre a casi 200 familias
vinculadas a una de las plantas industriales más relevantes del norte
pampeano y reabre el debate sobre la estabilidad del empleo en el
eslabón frigorífico de la cadena bovina.
General Pico: casi 200 despidos en un frigorífico y un reclamo sin respuesta
Cerca
de 200 trabajadores recibieron telegramas de despido y se manifestaron
frente a la planta en General Pico. El conflicto se enmarca en un
Procedimiento Preventivo de Crisis y reabre interrogantes sobre el
negocio frigorífico
Un
grupo de trabajadores despedidos del Frigorífico General Pico
protagonizó esta mañana una manifestación frente a las puertas de la
planta. El objetivo de los involucrados es visibilizar su reclamo
por la falta de pago de las indemnizaciones correspondientes y exigir
respuestas claras tanto de la empresa como del sindicato que los
representa.
Las desvinculaciones alcanzan a alrededor de 190
casos sobre un total de 580 empleados bajo convenio colectivo, lo que
representa más de un tercio de la dotación. Las cartas de despido,
enviadas en los últimos días, habrían aplicado el artículo 247 de la Ley
de Contrato de Trabajo, que habilita el pago reducido de la
indemnización ante una supuesta "falta o disminución de trabajo no
imputable al empleador".
Durante la protesta, los ex
operarios entregaron volantes para dar a conocer su situación y poner en
evidencia la incertidumbre laboral y económica que atraviesan. Algunos
denunciaron que, pese a los despidos, dentro de la planta continúan
obras de mantenimiento, lo que pone en duda el argumento de crisis
esgrimido por la empresa para justificar la reducción del 50% de las
indemnizaciones.
Los trabajadores aseguraron que la indemnización
debía haberse abonado a mediados de esta semana pero que hasta el
momento no se ha hecho efectiva, y cuestionaron la forma en que se
notificaron los despidos, en muchos casos mediante telegrama. También
expresaron descontento con el rol del sindicato, al afirmar que no
recibieron acompañamiento ni explicaciones claras durante el proceso. Al mismo tiempo que afirmaron que la cantidad de personas presentes se debía al miedo que tienen los ex trabajadores al gremio.
Además,
en sus declaraciones los manifestantes señalaron irregularidades
laborales previas, como atrasos en aportes previsionales y condiciones
deficientes en el ambiente de trabajo. Con antigüedades que en
varios casos superan los 10 años, muchos de los despedidos se ven
obligados a buscar trabajos informales para poder sostener sus familias
mientras esperan una resolución que les permita cobrar lo que les
corresponde por ley.
Hasta el momento, no se informó una
respuesta oficial detallada por parte de la empresa sobre los pasos a
seguir tras el envío de los telegramas, ni una resolución definitiva
por parte de la autoridad laboral respecto del Procedimiento Preventivo
de Crisis que se tramita en el ámbito provincial.
La
situación en el Frigorífico General Pico se da en un contexto más amplio
de contracción de la actividad en la cadena de carnes bovinas, uno de
los sectores productivos más relevantes de la economía argentina.
Esta dinámica contribuye a intensificar el efecto socioeconómico de las
desvinculaciones en localidades donde el frigorífico representa un
empleador clave y motor económico, con repercusión directa sobre el
desarrollo de la localidad.
En este sentido, los propios
trabajadores señalaron que se vieron en la necesidad de recurrir a la
Municipalidad en busca de algún tipo de asistencia. A la espera de
una respuesta concreta sobre el pago de las indemnizaciones y la
situación laboral de la planta, muchos de los damnificados debieron
salir a buscar "changas" o trabajos temporarios para sostener a sus
familias y afrontar los gastos cotidianos, en un contexto de marcada
incertidumbre económica.
El desarrollo del caso dependerá de las
actuaciones administrativas y de las eventuales instancias de
negociación entre la empresa, el gremio y la autoridad laboral. Mientras
tanto, la situación mantiene en incertidumbre a casi 200 familias
vinculadas a una de las plantas industriales más relevantes del norte
pampeano y reabre el debate sobre la estabilidad del empleo en el
eslabón frigorífico de la cadena bovina.
Durante la jornada de ayer el canciller argentino, Pablo Quirno, 
