La entidad destacó la decisión de la Justicia Federal de Entre Ríos de dar curso a un amparo que reclama la reactivación urgente de obras de mantenimiento e infraestructura vial.
La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) respaldó la decisión de la Justicia Federal de Entre Ríos de dar curso a una acción de amparo que exige al Ministerio de Economía de la Nación y a la Dirección Nacional de Vialidad la reactivación de las obras de mantenimiento e infraestructura de la red vial provincial. El planteo fue presentado ante el Juzgado Federal de Victoria, a cargo del juez Federico Martín, y pone el foco sobre la administración del Sistema de Infraestructura de Transporte (SISVIAL) y del fideicomiso SIT, creado mediante el Decreto 976/01. Según señaló FADEEAC, ambos mecanismos se financian con recursos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos y tienen como destino específico la reparación y conservación de las rutas. La entidad cuestiona que esos fondos hayan sido derivados a instrumentos financieros en lugar de destinarse al mantenimiento de corredores viales considerados críticos para la conectividad del país.
Reclamo por el estado de las rutas
Para FADEEAC, la decisión judicial coincide con los reclamos que la entidad viene realizando frente al deterioro de la infraestructura vial argentina. "La decisión judicial coincide con los lineamientos y planteos que venimos realizando, al ordenar que los impuestos que paga la ciudadanía con cada carga de combustible vuelvan a los caminos, tal como prevé la normativa", sostuvo Cristian Sanz, presidente de la federación. El dirigente remarcó además que el problema excede a Entre Ríos y alcanza a distintos corredores del país. "El deterioro de las vías de tránsito es un tema alarmante y generalizado que requiere de una acción urgente", afirmó Sanz, quien consideró que el fallo podría sentar un precedente para que el criterio adoptado por la Justicia se extienda a otros distritos.
"La decisión judicial coincide con los lineamientos y planteos que venimos realizando, al ordenar que los impuestos que paga la ciudadanía con cada carga de combustible vuelvan a los caminos, tal como prevé la normativa".
El impacto sobre el transporte y la producción
El estado de las rutas tiene un efecto directo sobre la actividad agropecuaria, especialmente en un país donde buena parte de la producción debe recorrer largas distancias desde las zonas productivas hasta los centros de consumo, puertos e industrias. Desde FADEEAC advierten que las deficiencias en la infraestructura no solamente representan un problema de seguridad vial. También provocan mayores costos de mantenimiento de los vehículos, demoras y un incremento del costo logístico. "Las carreteras en mal estado generan siniestros viales, rompen los vehículos y encarecen el flete y la logística", señaló Sanz. En este sentido, la entidad sostiene que garantizar rutas transitables es una condición necesaria para preservar la competitividad de las economías regionales.
Más de 22.700 kilómetros relevados
Como parte de su trabajo sobre seguridad vial y profesionalización del transporte, especialistas de FADEEAC y de la Fundación Profesional para el Transporte (FPT) relevaron entre 2021 y 2024 más de 22.700 kilómetros de rutas nacionales y provinciales. El informe técnico elaborado a partir de esos relevamientos fue presentado ante autoridades nacionales, provinciales y municipales con el objetivo de aportar información para la toma de decisiones. Para la federación, la infraestructura vial constituye uno de los componentes centrales del sistema productivo argentino. En particular, el deterioro de las rutas rurales y de los principales corredores de transporte puede trasladarse directamente al costo de mover granos, hacienda, insumos y otros productos agropecuarios.
El deterioro de las rutas rurales y de los principales corredores de transporte puede trasladarse directamente al costo de mover granos, hacienda, insumos y otros productos agropecuarios.
FADEEAC volvió a reclamar, en este contexto, que el Gobierno nacional priorice el mantenimiento de las rutas y que los fondos destinados a infraestructura vial sean utilizados para el objetivo previsto: mantener rutas seguras y operativas y reducir los costos que el deterioro de los caminos genera sobre el transporte y la producción argentina.
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