La actividad parlamentaria de agosto dejó definiciones relevantes para el campo y la agroindustria. Entre los principales avances aparecieron la rebaja del IVA para la fécula de mandioca, la actualización de sanciones por empleo rural no registrado y la apertura de mercados mediante el convenio entre el Mercosur y Singapur.
Una rebaja impositiva para la mandioca
La Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados respaldó por unanimidad una iniciativa que reduce del 21% al 10,5% la alícuota aplicada a la mandioca. El objetivo es equiparar su tratamiento con el de otros productos similares y aliviar una distorsión que afecta especialmente a la economía misionera.
El beneficio alcanzaría a productores, cooperativas y plantas procesadoras de una cadena que genera materia prima para diferentes industrias. Además de mejorar su competitividad, la propuesta busca estimular la elaboración de alimentos libres de gluten y ampliar el agregado de valor en origen.
Durante el debate, el diputado Oscar Herrera Ahuad sostuvo que la norma "está destinada a corregir una asimetría tributaria que afecta de manera directa a una economía regional estratégica". Tras recibir dictamen unánime, el expediente quedó habilitado para ser incluido en una futura sesión de la Cámara baja.
Empleo rural e Inocencia Fiscal
Otra de las discusiones fue la modificación del régimen de Inocencia Fiscal. El texto amplía el universo de contribuyentes comprendidos, redefine la denominada "discrepancia significativa", restringe determinadas presunciones y refuerza la carga probatoria de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
Dentro de ese paquete también se planteó actualizar las multas por falta de registración de trabajadores rurales. El cambio busca adecuar sanciones que habían quedado desactualizadas y elevar el costo del incumplimiento para los empleadores que mantengan personal fuera de los registros correspondientes.
El oficialismo consiguió despacho de mayoría y buscó llevar la propuesta al pleno. No obstante, hasta completar el trámite legislativo, las modificaciones no tienen vigencia y las obligaciones actuales continúan sin alteraciones.
Tierras junto a las rutas, bajo debate
Además, la agenda incorporó dos proyectos para aprovechar con fines productivos las franjas lindantes con caminos nacionales. Las iniciativas fueron presentadas por Javier Sánchez Wrba, del PRO y Agustina Propato, de Unión por la Patria, aunque establecen alternativas diferentes para administrar esos espacios.
La propuesta de Propato autoriza a las provincias a conceder permisos precarios, gratuitos u onerosos, por un plazo máximo de un año y con posibilidad de renovación. Allí podrían sembrarse cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas y otros cultivos, siempre fuera de la superficie reservada para banquinas y con autorización de Vialidad Nacional.
El articulado exige controlar plagas y malezas, evitar prácticas que provoquen erosión y preservar las condiciones ambientales. También prohíbe el pastoreo y la colocación de alambrados, mientras que establece prioridad para beneficiarios de programas alimentarios, entidades de bien público, cooperadoras de escuelas rurales y cooperativas productivas. Sus fundamentos estiman que el esquema permitiría sumar más de 30.000 hectáreas a la producción, una cifra inferior a las 50.000 mencionadas de manera general en el informe legislativo.
Nuevos mercados en el horizonte
En materia de comercio exterior, un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Mercosur dictaminó favorablemente el acuerdo de libre comercio entre el bloque sudamericano y Singapur. El entendimiento, firmado en diciembre de 2023, apunta a reducir barreras, facilitar operaciones y profundizar la inserción regional en el sudeste asiático.
En paralelo, comenzaron a analizarse mecanismos para monitorear los efectos del convenio Mercosur-Unión Europea sobre economías regionales, pymes, empleo y producción. El movimiento legislativo abrió oportunidades para distintas actividades agroindustriales, pero su impacto dependerá de la aprobación definitiva de cada iniciativa, su reglamentación y la capacidad de las cadenas argentinas para transformar esas normas en mayor inversión y acceso efectivo a los mercados.


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