miércoles, 21 de octubre de 2020

No hay sustentabilidad sin seguridad jurídica, ni respeto a la propiedad privada

 

En virtud de los hechos de público conocimiento relativos a la
toma ilegal y usurpación de tierras en distintos puntos de nuestro
territorio, desde la Asociación Argentina de Productores en 
Siembra Directa - Aapresid repudiamos toda acción que avasalle
los derechos y obligaciones establecidos por nuestras leyes.

El Art. 17. de nuestra Constitución Nacional expresa que la 
propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede
ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada 
en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser 
calificada por ley y previamente indemnizada. Sólo el Congreso
mpone las contribuciones que se expresan en el Artículo 4º. 
Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o 
de sentencia fundada en ley (…) La confiscación de bienes 
queda borrada para siempre del Código Penal argentino. 
Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exigir
auxilios de ninguna especie. Asimismo, el Artículo 14 de 
nuestra Carta Magna establece que todos los habitantes de la 
Nación gozan del derecho de usar y disponer de su propiedad.

En la misma línea, creemos es fundamental el cumplimiento 
del Art 14 bis, que establece que la Ley deberá garantizar
la protección integral de la familia (…) y el acceso a una vivienda
digna.

Confiamos en la lucha honesta por el cumplimiento de nuestros 
derechos ciudadanos, pero estamos convencidos que la misma
debe realizarse en el marco que establece nuestro sistema legal, 
sin avasallar los derechos de nuestros conciudadanos.

Como Institución que vela por una producción agropecuaria 
sustentable, creemos que no hay sustentabilidad posible sin 
seguridad jurídica. La propiedad privada es un pilar fundamental 
para alcanzar el desarrollo sostenible con equidad al que todos 
los argentinos aspiramos, paradójicamente su defensa protege a 
los másdébiles de la sociedad, no a los más fuertes.

Desde Aapresid apelamos a la resolución por vía legal de dichos 
 conflictos en pos de garantizar el pleno derecho de los ciudadanos.

 

 

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