En un informe asegura que hubo una transferencia de ingresos hacia la molinería y la exportación de unos $906 millones. Para los ruralistas se explica “por la mala intervención del gobierno”.
Durante el fin de semana las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) que preside Mario Llambías, emitió un informe donde explica cómo los productores trans
firieron por la venta del trigo 2007/08 906 millones de pesos a la molinería y a la exportación, por “la mala intervención del gobierno”. Desde la entidad se acusa “al Gobierno de no cumplir nuevamente con un acuerdo firmado -como hizo también con otros sobre leche o exportaciones de carne- y de incentivar a través de todo tipo de artilugios – ROE, cierres y aperturas, llamados telefónicos- a que exportadores y molineros no paguen el precio pleno al productor”.
La transferencia de recursos fue consumada por la diferencia que existe entre lo que pagan los sectores demandantes del cereal y el precio que publica la secretaría de agricultura (precio pleno) que por un acuerdo firmado el 30 de abril de 2008 es el que debería recibir el productor. Esas diferencias alcanzaron en promedio un 17% en perjuicio de los agricultores, pero llegaron a una diferencia de precios del 32%, en mayo a menos de un mes de haberse firmado dicho acuerdo. Entonces los precios de pizarra marcaban para el trigo un valor de 595 pesos la tonelada, cuando la SAGPyA establecía un valor de precio Pleno conocido como FAS teórico de 786 pesos.
En pocas palabras, estaba aún fresca la tinta del acuerdo cuando desde la agroindustria y la exportación limaban la rentabilidad del productor en la friolera de 191 pesos por tonelada, que con los meses fue disminuyendo pero que hacia noviembre todavía mostraba una diferencia de 28 pesos por cada mil kilos de cereal que el productor no percibía. Mes a mes la transferencia de ingresos desde los campos a la molinería terminó por sumar 601,33 millones de pesos, y la diferencia que absorbieron los exportadores a su favor trepó a 305 millones. Entre ambos succionaron la rentabilidad del productor en un total de 906 millones de pesos.
Para CRA se trata de “una enorme transferencia monetaria de los productores de trigo a los Exportadores y Molinos harineros, los cuales – además- cobran subsidios por parte del Estado” los que ascienden a unos 1.186 millones desde que se creó el sistema de compensaciones. CRA olvida que los productores de trigo también reciben el mismo “subsidio” por cada tonelada de trigo que venden a los molinos el que ascendió a 222,6 millones durante 2007 y 2008. Pero aunque se restara ese monto a la transferencia a la molinería denunciada por los productores, la cifra seguiría siendo abultada: unos 380 millones de pesos.
Para la entidad ruralista “el menor precio que percibe el productor desalentó a la siembra de trigo, que se vio reflejada en la disminución en 1,5 millones de hectáreas en la campaña actual”. CRA aseguró que “la acción del Gobierno promueve una mayor concentración de la riqueza y la anunciada rebaja de las retenciones del 5 % poco sirve”, debido a que existe una “retención real” del orden del 40%. Esa retención se logra “sumando al 23 % de derecho a las exportaciones actuales” que recibe el Estado y “un 17% que el productor deja de percibir por la distorsiones del mercado” y que quedarían en manos privadas.
Durante el fin de semana las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) que preside Mario Llambías, emitió un informe donde explica cómo los productores trans
firieron por la venta del trigo 2007/08 906 millones de pesos a la molinería y a la exportación, por “la mala intervención del gobierno”. Desde la entidad se acusa “al Gobierno de no cumplir nuevamente con un acuerdo firmado -como hizo también con otros sobre leche o exportaciones de carne- y de incentivar a través de todo tipo de artilugios – ROE, cierres y aperturas, llamados telefónicos- a que exportadores y molineros no paguen el precio pleno al productor”.La transferencia de recursos fue consumada por la diferencia que existe entre lo que pagan los sectores demandantes del cereal y el precio que publica la secretaría de agricultura (precio pleno) que por un acuerdo firmado el 30 de abril de 2008 es el que debería recibir el productor. Esas diferencias alcanzaron en promedio un 17% en perjuicio de los agricultores, pero llegaron a una diferencia de precios del 32%, en mayo a menos de un mes de haberse firmado dicho acuerdo. Entonces los precios de pizarra marcaban para el trigo un valor de 595 pesos la tonelada, cuando la SAGPyA establecía un valor de precio Pleno conocido como FAS teórico de 786 pesos.
En pocas palabras, estaba aún fresca la tinta del acuerdo cuando desde la agroindustria y la exportación limaban la rentabilidad del productor en la friolera de 191 pesos por tonelada, que con los meses fue disminuyendo pero que hacia noviembre todavía mostraba una diferencia de 28 pesos por cada mil kilos de cereal que el productor no percibía. Mes a mes la transferencia de ingresos desde los campos a la molinería terminó por sumar 601,33 millones de pesos, y la diferencia que absorbieron los exportadores a su favor trepó a 305 millones. Entre ambos succionaron la rentabilidad del productor en un total de 906 millones de pesos.
Para CRA se trata de “una enorme transferencia monetaria de los productores de trigo a los Exportadores y Molinos harineros, los cuales – además- cobran subsidios por parte del Estado” los que ascienden a unos 1.186 millones desde que se creó el sistema de compensaciones. CRA olvida que los productores de trigo también reciben el mismo “subsidio” por cada tonelada de trigo que venden a los molinos el que ascendió a 222,6 millones durante 2007 y 2008. Pero aunque se restara ese monto a la transferencia a la molinería denunciada por los productores, la cifra seguiría siendo abultada: unos 380 millones de pesos.
Para la entidad ruralista “el menor precio que percibe el productor desalentó a la siembra de trigo, que se vio reflejada en la disminución en 1,5 millones de hectáreas en la campaña actual”. CRA aseguró que “la acción del Gobierno promueve una mayor concentración de la riqueza y la anunciada rebaja de las retenciones del 5 % poco sirve”, debido a que existe una “retención real” del orden del 40%. Esa retención se logra “sumando al 23 % de derecho a las exportaciones actuales” que recibe el Estado y “un 17% que el productor deja de percibir por la distorsiones del mercado” y que quedarían en manos privadas.
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