La Pampa presentó un amparo colectivo ante la Justicia federal por la Ley de Glaciares

Asegura que la norma podría afectar el caudal de los ríos que dependen del deshielo cordillerano.

El gobierno de La Pampa decidió avanzar en la vía judicial contra la nueva Ley de Glaciares al presentar un amparo colectivo ante el juzgado federal de Santa Rosa, con el objetivo de suspender la aplicación de la norma hasta que se resuelva su constitucionalidad. La acción fue impulsada junto a la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos, en un frente común que busca evitar posibles impactos sobre los recursos hídricos de la provincia.

Durante el anuncio, el gobernador Sergio Ziliotto sostuvo que, si bien el territorio pampeano no cuenta con glaciares, depende directamente de ríos cuyo origen es el deshielo en la cordillera. En ese sentido, advirtió que la nueva normativa podría generar una reducción adicional en el caudal de estos cursos de agua. El mandatario remarcó que actualmente solo uno de los ríos provinciales mantiene flujo constante, mientras que otros dos, también de origen cordillerano, ya no llegan a territorio pampeano. Según indicó, cualquier alteración en la dinámica hídrica aguas arriba impacta de forma directa en las comunidades locales.

Cualquier alteración en la dinámica hídrica aguas arriba impacta de forma directa en las comunidades locales.

El planteo judicial fue presentado con el patrocinio de la fiscal de Estado, Romina Schmidt, y del constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Ambos argumentaron que la medida busca prevenir daños irreversibles mientras se analiza la validez de la legislación cuestionada.

La cuestión del agua ocupa un lugar central en la agenda pampeana, marcada por más de cinco décadas de conflicto con la provincia de Mendoza por el uso del río Atuel. En ese marco, el gobierno provincial recordó que aún reclama el cumplimiento de un fallo judicial que obliga a garantizar un caudal mínimo hacia su territorio.

Desde las organizaciones que acompañaron el amparo también alertaron sobre un escenario hídrico crítico y subrayaron que la protección de los ríos debe ser prioritaria. Además, señalaron que la dependencia de decisiones tomadas fuera de la jurisdicción provincial refuerza la necesidad de un resguardo judicial.

Desde las organizaciones que acompañaron el amparo también alertaron sobre un escenario hídrico crítico y subrayaron que la protección de los ríos debe ser prioritaria.

Ahora, la definición quedó en manos del juzgado federal de Santa Rosa, que deberá evaluar si corresponde suspender la aplicación de la ley mientras se lleva adelante el análisis de fondo. Desde el Ejecutivo pampeano manifestaron su confianza en que la Justicia contemple la situación de vulnerabilidad hídrica que atraviesa la provincia.