Desde el gremio explicaron que la medida tiene como objetivo garantizar la presencia de todos los trabajadores en la protesta y calificaron la huelga como una acción “en defensa propia”, frente a un proyecto que -según señalaron- atenta contra derechos laborales esenciales y favorece a una minoría empresaria.

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) respondió con un comunicado en el que rechazó la medida por considerarla una “huelga política” y advirtió que “procederá a tomar todas las medidas que establece la ley”.

Ante esto, el sindicato sostuvo que la Constitución Nacional y la legislación vigente garantizan el derecho de huelga, y que cualquier sanción o represalia constituiría una violación a derechos fundamentales.

En su posicionamiento, la federación reconoció el carácter político de la medida y lo reivindicó, al afirmar que las huelgas con motivación política están amparadas por el bloque federal de derechos, con respaldo en pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Finalmente, la conducción sindical ratificó la convocatoria y advirtió que responderá con unidad y conciencia de clase ante cualquier intento de represalia, al tiempo que llamó a rechazar una reforma que -aseguró- “empeora las condiciones de trabajo y de vida de la mayoría de la población”.