Vicentin está en concurso de acreedores hace cinco años tras un default por más de u$s1.500 millones.
Un nuevo frente de conflicto se abrió este jueves en torno al caso Vicentin. La planta de Avellaneda quedó sin energía eléctrica desde la madrugada, pese a que el juez del concurso, Fabián Lorenzini, dictó esta semana una resolución en la que prohibía expresamente cualquier corte de servicios esenciales, incluyendo luz, gas, seguridad y soporte tecnológico, en todas las unidades operativas de la agroexportadora.
La medida fue dictada el martes pasado, cuando el magistrado resolvió intervenir completamente la conducción de la empresa, removiendo al directorio encabezado por Estanislao Bougain y nombrando en su reemplazo a los interventores Andrés Shocrón y Guillermo Nudemberg. En la misma resolución, bajo el principio de prevención del daño, Lorenzini ordenó que “todos los proveedores de servicios públicos y privados considerados indispensables se abstengan de interrumpir la provisión de tales bienes por el término de 60 días hábiles”.
La disposición apuntaba directamente a empresas como la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda, a la que Vicentin le adeuda más de $600 millones por servicios ya facturados y no pagados.
“Esto no debería estar pasando. Hay una resolución judicial vigente que lo prohíbe”, expresó un abogado cercano al expediente. Desde el entorno de los trabajadores, aseguraron que la planta no cuenta con generadores suficientes para sostener el funcionamiento básico y que el apagón afecta sectores clave del complejo.
Fuentes gremiales habían advertido en la última audiencia judicial que el mantenimiento eléctrico estaba deteriorado y que la falta de inversión hacía inviable sostener la actividad sin energía constante. El corte, además, entorpece el plan de reactivación parcial que se venía desarrollando en coordinación con la Unión Agrícola de Avellaneda y Bioenergías Agropecuarias.
El apagón ocurre en medio de la intervención judicial y podría derivar en acciones legales contra la cooperativa, si se comprueba que desoyó deliberadamente la orden del juzgado. En paralelo, desde la conducción de la entidad alertaron que no tienen espalda financiera para sostener el suministro sin pago: Vicentin consume más de $200 millones mensuales de electricidad y solo en abril ya superó esa cifra sin abonar nada.
Avances en la planta de San Lorenzo
Mientras crece la incertidumbre en Avellaneda, el sindicato de aceiteros de San Lorenzo (SOEA) informó que se realizó una reunión positiva con los nuevos interventores, donde se discutió un plan para reactivar la planta más grande del grupo, especializada en procesamiento de soja.
Según el gremio, la empresa Commodities S.A. ofreció colaborar con el abastecimiento de materia prima, lo que permitiría volver a poner en marcha parte de la actividad. También la Unión Agrícola de Avellaneda mostró disposición a enviar semillas, y el Ministerio de Trabajo de Santa Fe convocó a mantener abierta una mesa de diálogo para articular aportes logísticos y garantizar salarios.
En la resolución que dispuso la intervención, el juez Lorenzini había sido especialmente crítico del manejo de la firma: habló de “la imposibilidad de contar con información clara y precisa” sobre las cuentas por cobrar, activos o incluso el faltante de insumos. Según el informe de veedores presentado esta semana, faltaban 2.880 toneladas de maíz en Avellaneda, y se requerían al menos u$s1 millón para poner en condiciones la planta de San Lorenzo.
Además, la empresa mantiene una deuda posconcursal de u$s30 millones, que incluye u$s18 millones con Renova, u$s3 millones en sueldos, u$s5 millones en energía y gas, y otros compromisos con el fisco.
Lorenzini advirtió que el escenario es grave “en la faz comercial, financiera, tributaria, operativa y laboral” y cuestionó “la falta de actuación tempestiva, preventiva y suficiente por parte del directorio”. La intervención fue pensada como una última herramienta para evitar la liquidación, pero los obstáculos emergen día a día.
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