Las ventas salieron de la Argentina por el Puerto de Bahía Blanca, con Brasil como destino directo; no obstante, en todos los casos las facturas comerciales fueron emitidas a un intermediario radicado en Uruguay, que pertenecía al mismo grupo económico que esa maltería.
Los analistas de riesgo de la Dirección General de Aduanas habían considerado llamativo el monto documentado por la exportadora en la Argentina, por lo cual resolvieron cotejarlo con la valuación registrada para el ingreso de la mercadería a Brasil.
El intercambio de información permitió concluir que el valor declarado en la Argentina "no reflejaba el valor de la transacción, que se valió de la triangulación con el tercer operador para simular una compraventa inexistente y así justificar la diferencia entre los precios registrados en ambos países, que en algunos casos era superior al 26%", puntualizó la Aduana, en un comunicado.
El organismo explicó además que el objetivo de la refacturación indebida era, por un lado, lograr que la maltería en cuestión liquidara menos divisas de las que le correspondían -con un consecuente impacto sobre las reservas del Banco Central- y, por otro, ahuecar la base imponible de las operaciones en el país.
En ese marco, a pesar de la defensa ejercida por los representantes legales de la firma exportadora, el organismo que dirige Guillermo Michel presentó pruebas para encontrar a la empresa como responsable de presentar declaraciones inexactas.
Así, habiendo constatado una subfacturación de $320.756.345,59 millones, el tribunal administrativo resolvió, en los términos del artículo 954 del Código Aduanero, aplicar una multa igual al importe de la diferencia detectada, según la información oficial.
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