El diputado nacional por Entre Ríos Jorge Chemes (de la Unión Cívica Radic
al) dijo que la nueva Ley de Tierras, que apunta a frenar la extranjerización, busca “deprimir los precios del mercado de campos”. El legislador consideró, en este sentido, que la norma apunta a “sacar un importante sector de demanda de estos negocios y favorecer a cierto sector de grandes negociadores argentinos, o sea, parra que más amigos del poder puedan quedarse con algunos negocios”. Chemes afirmó que, si la ley es para favorecer a pequeños productores para que puedan acceder a tierras y cuidar la soberanía, se debería generar un “marco de rentabilidad para que cualquier productor pueda comprarle el campo al vecino y seguir creciendo”.El diputado opositor, miembro de la comisión de Agricultura de la Cámara baja, explicó que “en estas últimas dos semanas ocurrió lo que no había sucedido durante todo el año: fue una catarata de proyectos que el oficialismo presentó para llevar a discusión. Lamentablemente la importancia de esos temas requiere mucho más tiempo, pero no hubo lugar para un debate profundo de los 14 proyectos”. Chemes añadió: “Si nos centramos en la Ley de Extranjerización de Tierras consideramos que, si bien había que realizar un proyecto que regule todo el sistema de comercialización de tierras, lo importante hubiera sido darle más poder a las provincias y a las Direcciones de Catastro que son las que realmente conocen la realidad del territorio, y no que fuera dictado desde un organismo en Buenos Aires”. Dijo a radio Colonia que “lo mismo ocurre con la limitación de 1.000 hectáreas de norte a sur y de este a oeste porque la realidad productiva de cada provincia es diferente a medida que la recorremos.
Creo que esos son los dos puntos importantes que no se pudieron modificar en el proyecto”.“Este gobierno creo que ya nos tiene acostumbrados a generar proyectos y a imponerlos sin debate y eso es muy nocivo. Creo que para eso está el Congreso y da la sensación de que no les interesa que funcione. Estos proyectos, más que presentarlos a debate, lo imponen, inclusive hasta con atropellos”, puntualizó.Al ser consultado sobre las perspectivas de mejorar estas leyes, señaló que “existen mecanismo de corrección pero acá hay responsabilidad de todos los sectores, no sólo del oficialismo sino de sectores de la oposición también”.
América Latina
Organizaciones internacionales difundieron amplios informes sobre la existencia de intensivos procesos de extranjerización de tierras en América Latina, el Caribe y África, en especial la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Tras un estudio centrado en tal situación en territorio africano, la FAO promovió una investigación en 17 países de América Latina y el Caribe, en el que se destaca la adquisición creciente de enormes extensiones de suelos fértiles necesarios localmente para producir alimentos. En ese sentido, los datos recopilados documentan compras de alrededor de 71 millones de hectáreas para la explotación minera, la producción de biocombustibles, la tala de bosques madereros, la radicación de industrias y los reservorios de agua potable. El término técnico utilizada por la FAO para encuadrar la situación es “acaparamiento de tierras” (land grabbing, en inglés), y resalta que “el fenómeno de concentración y extranjerización de la tierra y de las cadenas de valor del sector silvoagropecuario es un asunto que afecta a gran parte de la región”.
Pablo Groppo, especialista de la División de Tierras y Agua de la FAO, resaltó según consignó Télam que “la cantidad de hectáreas de los suelos de Clase A (los de mayor capacidad productiva) está limitada y es cada vez menor, por la expansión de zonas urbanas.” El técnico se manifestó a favor de la extensión a la mayor parte del mundo del programa Sistema Imaginativo del Patrimonio Agrícola Mundial, sobre comunidades rurales, que desde hace varios años se está desarrollando en algunos países de Africa, Asia e Iberoamérica. Otro documento, titulado “Los derechos de la tierra y la fiebre por ella”, fue publicado por el Instituto Internacional del Medio Ambiente (IIED), el Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo (CIRAD) y la International Land Coalition (ILC).
Sus investigaciones han revelado que un amplio segmento de las transacciones de tierras no ha sido informado ampliamente por los medios locales de comunicación social, con frecuencia vinculados a élites nacionales que coparticipan de las adquisiciones. Los analistas estiman que de los 71 millones de hectáreas así acaparadas, un 22 por ciento tiene por finalidad la minería y la forestería, mientras que tres cuartas partes del 78 por ciento restante se destina a la producción de biocombustibles.
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