Se celebra en conmemoración de la fecha de 1802 en la que se publicó el primer número del Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, editado por Hipólito Vieytes.
Después de más de 30 años, el Municipio y la Sociedad Rural impulsan la gran Expo que se realizará el 4, 5 y 6 de septiembre.
El distrito de Magdalena recupera una cita histórica con su identidad y su potencial productivo. Los días 4, 5 y 6 de septiembre, el predio de la Sociedad Rural de Magdalena (Ruta Provincial N.º 11, Km 61,5) abrirá sus puertas para la "Expo Magdalena Produce 2026", un evento de gran magnitud que regresa luego de más de tres décadas.
Fruto del trabajo articulado entre la Municipalidad y la Sociedad Rural local, la exposición busca ser una plataforma integral de desarrollo para los sectores agroindustrial, comercial, tecnológico, artesanal y turístico del partido. La propuesta, pensada para toda la comunidad, contará con entrada libre y gratuita.
Durante las tres jornadas, el predio albergará sectores dedicados al agro, la ganadería, la apicultura, la agricultura, la gastronomía y la exposición de maquinarias viales y rurales. También habrá espacios específicos para la incorporación de nuevas tecnologías e innovación, convirtiendo a la muestra en una vitrina fundamental para visibilizar el potencial local, posicionar marcas y potenciar a los emprendedores de la zona.
La capacitación tendrá un rol central mediante la Carpa Técnica, donde se brindarán charlas educativas, técnicas y de formación profesional abiertas a los sectores productivos y a la comunidad en general. Asimismo, el encuentro destacará el valor del trabajo institucional con la participación activa de la Escuela de Educación Secundaria Agraria de Bartolomé Bavio, el acompañamiento del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Partido de Magdalena, entre otras instituciones.
El inicio oficial será el viernes 4 de septiembre con el Acto Central de Inauguración, que reunirá a las autoridades, seguido por una recorrida educativa orientada a los establecimientos escolares del distrito. Además, la Expo ofrecerá un marco de esparcimiento familiar con paseos de compras, puestos gastronómicos y espectáculos en el escenario principal, donde los artistas locales serán los grandes protagonistas.
Con esta propuesta, Magdalena vuelve a posicionarse en la agenda productiva regional, conectando a miles de visitantes con la fuerza de su trabajo, sus tradiciones y su proyección hacia el futuro.
Este impulso a la producción se alinea con la proyección estratégica del municipio, que avanza a firme paso en la concreción de su futuro Parque Industrial. Diseñado como un espacio clave para el radicado de nuevas pymes, la atracción de inversiones y la generación de empleo calificado, este proyecto consolidará el perfil industrial y empresarial de Magdalena, fortaleciendo el entramado productivo que se exhibirá durante las tres jornadas de la Expo.
La entidad señala que, tal como está redactado, podría generar inseguridad jurídica y afectar a actividades agrícolas, ganaderas, forestales, mineras e industriales.
El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) expresó su 'profunda preocupación' ante el avance en el Senado de un proyecto que propone incorporar la figura de "ecocidio" al Código Penal de la Nación y solicitó formalmente que el dictamen no sea tratado en el recinto. La posición fue planteada por una nota enviada a los senadores nacionales, en la que la entidad cuestiona el dictamen de mayoría de las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, correspondiente a la Orden del Día Nº 122/2026, expediente S-1064/25. El CAA señala que el texto podría comprometer la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo de las actividades productivas.
La advertencia del sector productivo
Según el Consejo Agroindustrial, uno de los principales problemas del proyecto es la amplitud con la que se define la conducta que podría constituir ecocidio. La entidad cuestiona que el dictamen contemple daños ambientales producidos mediante la violación de "cualquier normativa vigente de protección ambiental y sus reglamentaciones". A criterio del CAA, esto podría hacer que el incumplimiento de una resolución administrativa o incluso de una ordenanza municipal opere como disparador de un delito federal, con penas de entre 3 y 10 años de prisión. La entidad sostiene que la redacción no establece parámetros suficientemente precisos para determinar cuándo una conducta constituye un delito y advierte sobre posibles efectos en sectores como la agricultura, ganadería, actividad forestal, minería e industria.
Preocupación por la remediación ambiental
Otro de los puntos cuestionados es la definición propuesta para el "daño ambiental irreversible". El CAA advierte que el proyecto establece que esa condición se configuraría independientemente de las medidas de mitigación o remediación que pudieran aplicarse posteriormente. Para la entidad, esta formulación podría desalentar las inversiones destinadas a reparar daños ambientales, porque aun cuando una empresa destinara recursos para recomponer un área afectada, el esfuerzo de remediación no impediría la configuración del tipo penal agravado. El dictamen, según la nota, contempla en esos casos penas de 5 a 15 años de prisión.
También cuestionan el 'ecocidio culposo'
El Consejo Agroindustrial pone además el foco en la incorporación del denominado "ecocidio culposo", que permitiría la persecución penal de conductas derivadas de imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de deberes. La entidad advierte que, bajo esa figura, podrían quedar expuestos directivos, ingenieros y técnicos frente a contingencias como fallas técnicas, accidentes de transporte, errores de cálculo en estudios de impacto ambiental o incluso determinados eventos climáticos extremos no anticipados. Para el CAA, se trataría de una respuesta penal desproporcionada para conductas que no necesariamente serían intencionales.
El impacto sobre empresas y pymes
Otro de los cuestionamientos está dirigido al régimen de sanciones para las personas jurídicas. El proyecto contempla, según la presentación del CAA, la posibilidad de suspender total o parcialmente actividades por hasta 10 años, establecer inhabilitaciones, quitar beneficios estatales y aplicar multas de entre dos y cinco veces el beneficio indebido obtenido. Cuando ese beneficio no pueda determinarse, el dictamen establece una multa de entre 10% y 20% del capital social suscripto de la empresa. El Consejo considera que ese mecanismo podría tener un carácter confiscatorio y generar una situación de "quiebra técnica" para empresas y pymes incluso antes de una sentencia firme.
Responsabilidad que podría extenderse después de finalizada una actividad
El CAA también cuestiona el agravante previsto cuando se produce la muerte de una persona. La entidad señala que el proyecto contempla penas de hasta 25 años de prisión y establece que el agravante podría aplicarse aun cuando el fallecimiento ocurra después del cese de la actividad contaminante. A juicio del sector agroindustrial, esto generaría una contingencia temporal indefinida para directivos y responsables técnicos, al quedar abierta la posibilidad de discutir relaciones de causalidad muchos años después de terminada una operación.
'Impacto ambiental' y 'daño ambiental' no son lo mismo
Uno de los argumentos centrales de la presentación es la necesidad de diferenciar entre impacto ambiental y daño ambiental. El CAA sostiene que toda actividad humana genera algún impacto ambiental y que existen actividades productivas legalmente autorizadas mediante los correspondientes estudios de impacto ambiental. En cambio, considera que el daño ambiental debería implicar una alteración negativa relevante y antijurídica. La entidad advierte que, si el proyecto no establece umbrales cuantitativos ni estándares técnicos objetivos, podría terminar alcanzando conductas correspondientes a actividades productivas que actualmente cuentan con autorización de las autoridades competentes.
Reclamo por mayor precisión técnica
La organización también cuestiona expresiones incluidas en el proyecto como "daño especialmente grave", "deterioros severos", "extensión espacial" y "duración temporal", al considerar que no están acompañadas por parámetros cuantitativos o protocolos científicos previamente establecidos. Según el CAA, esto dejaría un margen demasiado amplio para interpretar cada caso y podría generar decisiones diferentes frente a situaciones similares en distintas jurisdicciones.
El pedido del Consejo Agroindustrial
En este contexto, el CAA solicitó a los senadores que no avancen con el tratamiento del dictamen en la sesión ordinaria y manifestó su disposición a presentar informes técnicos adicionales sobre los posibles impactos macroeconómicos, constitucionales y productivos de la iniciativa. Para el sector agroindustrial, el debate no pasa por cuestionar la necesidad de proteger el ambiente, sino por cómo se incorpora esa protección al derecho penal y cuáles pueden ser sus consecuencias sobre actividades productivas que operan bajo normas y autorizaciones vigentes.
Ayer se llevó a cabo en el City Center Rosario el "5° Congreso Nacional de Productores AFA 4.0", una iniciativa de la cooperativa orientada a las nuevas generaciones vinculadas al sector agropecuario.
Bajo el lema “La ciencia de producir, el arte de adaptarnos”, el encuentro convocará, por invitación, a jóvenes de entre 18 y 40 años vinculados con la actividad rural. Se trata de un evento de acceso exclusivo mediante invitación, pensado como un espacio de capacitación, intercambio y reflexión sobre los desafíos y las oportunidades que atraviesa el sector.
La jornada contó con la participación de destacados referentes de distintas disciplinas, quienes abordaron temáticas de especial interés.
Maximiliano Montenegro, economista, quien analizó el contexto económico y sus perspectivas.
Mateo Hunicken, consultor especialista en empresas agropecuarias.
Ander Etxeberría, sociólogo y responsable de comunicación corporativa en Corporación Mondragón.
Daniel Herrero, presidente & CEO de Prestige Auto S.AU. en argentina y referente en liderazgo y gestión.
La apertura del Congreso estuvo a cargo de Darío Marinozzi, presidente de la cooperativa, quien dará la bienvenida a los participantes y brindará la presentación que se titula: “AFA, construir futuro sin perder la esencia”. En su intervención, pondrá en contexto la importancia de generar espacios de encuentro, intercambio y formación para las nuevas generaciones que forman parte de la comunidad productiva, destacando el desafío de construir el futuro sin perder de vista los valores, la identidad y la esencia que caracterizan a la organización.
Un encuentro que buscó conectar, formar e inspirar
El Congreso AFA 4.0 se consolida como un espacio pensado para acompañar a los jóvenes productores frente a un escenario de permanente transformación. La incorporación de nuevas tecnologías, los cambios económicos, la gestión de las empresas familiares y los nuevos modelos de liderazgo serán algunos de los ejes que atravesarán la jornada.
En este marco, el evento contará además con la participación de 27 sponsors, que acompañarán la propuesta y tendrán presencia durante el encuentro, fortaleciendo el vínculo entre productores, empresas y actores relacionados con el ecosistema agropecuario.
Como parte de las actividades especiales, se realizó entre los integrantes del grupo objetivo el sorteo de un viaje a la 'Farm Progress Show 2027', una de las principales exposiciones internacionales vinculadas a la tecnología y la producción agropecuaria.
Con una convocatoria superando las expectativas, participaron más de 1.200 inscriptos (con mayoría de jóvenes), convirtiendo a esta quinta edición en uno de los principales encuentros de jóvenes vinculados a la cooperativa y a la actividad agropecuaria.
El oficialismo impulsa un proyecto de ley; la restricción de su uso quedará atada a la definición de Senasa.
En Misiones está prohibido el uso de glifosato para la agricultura, pero a esta medida le queda poco tiempo. El bloque oficialista de la provincia impulsó un proyecto de ley para volver a permitir que los productores agropecuarios utilicen nuevamente este producto.
La prohibición llegó luego de una iniciativa del dirigente político Carlos Rovira en 2023. La iniciativa abrió la polémica por su aplicación, pero también porque hubo denuncias por mal manejo de fondos para la compra de un bioinsumo que lo reemplace.
El gobernador Hugo Passalacqua, siempre ligado a Rovira, se peleó con su líder político y presentó este proyecto de ley. La iniciativa se tratará la próxima semana en la Legislatura y se espera que avance sin mayores complicaciones.
El texto de esta normativa establece la derogación del artículo de la prohibición. Esta noticia llegó luego de que en reiteradas ocasiones las entidades que integran la Mesa de Enlace se pronunciaron en contra de la medida.
“Se establece que la utilización de bioinsumos será exigible en el territorio provincial, en la medida que los distintos organismos competentes en el orden nacional o los que corresponden a los países de destino de las exportaciones de los productos de origen de la Provincia de Misiones, hayan autorizado la utilización de fitosanitarios amigables con el ambiente”, detalló el texto legislativo.
El proyecto de ley establece que el glifosato solamente estará prohibido cuando Senasa o el organismo del país que importe los productos certifiquen que existen bioinsumos que reemplacen este producto. La iniciativa también es leída como una crisis política en Misiones. Carlos Rovira siempre fue el hombre fuerte de la provincia y ahora Passalacqua busca disputarle el liderazgo con varios enfrentamientos, entre ellos el glifosato.
Se espera que la aprobación llegue en los próximos días. En caso de que se concrete, tendrá un fuerte significado productivo, pero también político.
Investigadores del INTA Alto Valle detectaron la presencia de Rahnella aceris, un patógeno que provoca podredumbre en frutos de pepita durante el período de conservación en frío.
Los casos fueron registrados durante las campañas poscosecha de 2024 y 2025 en distintos establecimientos de empaque y conservación, manifestándose tras un período de almacenamiento en frío de entre 2 y 8 meses. “Si bien se constató una mayor incidencia en peras de la variedad D’ Anjou y, en menor medida, en Packham’s, también se registraron casos en manzanas Red Delicious”, explicó Aluminé Tudela -especialista del INTA Alto Valle-.
El síntoma principal de esta enfermedad consiste en una podredumbre marrón, blanda y cóncava, generalmente de forma circular, ubicada en la zona ecuatorial del fruto y caracterizada por presentar halos translúcidos en sus márgenes.
“Al cortar la fruta, se observa el avance del daño en la pulpa y, en ciertas ocasiones, una masa mucosa que constituye el signo visible del patógeno”, aclaró Tudela.
Aunque los síntomas pueden confundirse a simple vista con la podredumbre común causada por el hongo Penicillium expansum, en el caso de esta nueva bacteria no es fácil separar el tejido sano del enfermo. Además, se distingue notablemente por la ausencia de esporulación o crecimiento micelial sobre la superficie afectada. o peras y manzanas,
“La amplia distribución territorial de los casos detectados en el Alto Valle y su reaparición en lotes provenientes de las mismas fincas sugieren que podría tratarse de una infección originada en el campo, la cual permanece latente hasta que la fruta entra en las cámaras de conservación”, explicó la investigadora.
A través de técnicas de secuenciación genómica completa y análisis filogenético en colaboración con especialistas del Instituto de Patología Vegetal –IPAVE-, se confirmó que el microorganismo responsable es la bacteria Rahnella aceris.
Las inoculaciones posteriores en laboratorio ratificaron su capacidad patogénica, demostrando además que las variedades de pera Packham’s, D’Anjou, Williams y Abate Fetel son susceptibles a este agente.
Actualmente, el equipo de especialistas del INTA avanza en estudios epidemiológicos para determinar cómo se comporta la enfermedad, un paso clave para diseñar estrategias eficaces de control y mitigación en la cadena productiva.
Por este motivo, desde el INTA destacan la necesidad de informar, ante la detección de sintomatologías similares a las descritas, al área de Fitopatología-Sanidad Vegetal de la EEA Alto Valle.
Al mismo tiempo, Tudela destacó que “la recolección sistemática de datos y muestras es clave para acelerar el conocimiento sobre la enfermedad y brindar respuestas a los productores de la región”.
Fuentre: INTA.
La empresa santafesina recurrió esta semana a la Justicia tras más de un año de crisis, con plantas paralizadas, salarios impagos y una ola de pedidos de quiebra. Acumula más de 2.900 cheques rechazados por $11.200 millones y registra una deuda bancaria de $4.745 millones.
La empresa tiene tres plantas productivas, llegó a procesar más de 1 millón de litros diarios y emplear en forma directa a 700 personas.
La crisis que durante más de un año fue dejando a Lácteos Verónica sin producción, sin capital de trabajo y sin capacidad para cumplir con sus obligaciones terminó por llegar a los tribunales. La tradicional empresa santafesina se presentó esta semana en concurso preventivo de acreedores, acorralada por un pasivo que se multiplicó mientras sus tres plantas permanecían prácticamente fuera de funcionamiento.
La presentación quedó radicada ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N°17, Secretaría N°34, donde ya tramitan varios de los reclamos contra la compañía. El expediente de concurso figura actualmente en despacho y la Justicia deberá resolver si corresponde abrir formalmente el proceso.
La empresa es patrocinada por el Estudio Alegria, Buey Fernández, Fissore & Montemerlo (ABFFM), un histórico estudio jurídico especializado en derecho empresario, reestructuraciones financieras y concursos y quiebras. La firma fue fundada en 1976 por Héctor Alegria y cuenta con una práctica específica en insolvencia y reestructuración de deuda. Según su propio sitio, participó en más de cien concursos, quiebras, acuerdos preventivos extrajudiciales y reestructuraciones.
Lácteos Verónica es una de las empresas más tradicionales de la industria láctea argentina. Fundada en 1923, lleva más de seis décadas radicada en Santa Fe y permanece bajo control de la familia Espiñeira, propietaria de la compañía. A lo largo de su historia se consolidó como una de las principales usinas de la región y llegó a procesar hasta un millón de litros de leche por día.
El paso al concurso se produce después de meses en los que la empresa intentó contener los reclamos de manera individual. Esa estrategia quedó cada vez más complicada por la cantidad de acreedores que comenzaron a avanzar judicialmente.
La presentación más reciente vino de la mando del Banco Galicia quien también le pidió la quiebra a Verónica, en un contexto en el que la entidad aparece entre sus principales acreedores. Según los últimos datos del Banco Central, correspondientes a junio, la empresa registra con Galicia una deuda de $1.376,7 millones, calificada en Situación 3, es decir, con problemas.
El sistema financiero muestra además otros pasivos relevantes. Verónica registra alrededor de $4.745 millones de deuda bancaria entre distintas entidades y compañías de crédito. A Galicia se suman Banco Nación, con unos $1.327 millones; Credibel, con $1.115 millones; Catalinas Cooperativa de Crédito, con $708 millones y Banco Macro, con unos $208 millones, además de Santander, Banco Provincia, Banco Ciudad y Banco Industrial.
Pero el dato que permite dimensionar el deterioro de la cadena de pagos es otro: la compañía acumula más de 2.900 cheques rechazados por más de $11.200 millones.
En paralelo, se multiplicaron los expedientes judiciales. Hay pedidos de quiebra iniciados por Establecimientos Los Cerros y Munay, Agropecuaria El Timbó, Criolani Agropecuaria, Dices Argentina y Libertador Factoring, entre otros proveedores. También avanzan ejecuciones iniciadas por empresas como Libres Seguridad, Trading Internacional, Soluciones Randstad y Fremar, además de procesos vinculados con Hypred Argentina.
La presión judicial ya había obligado a la compañía a resolver reclamos puntuales. En marzo, por ejemplo, canceló una deuda de $23,2 millones en sede judicial y consiguió frenar un pedido de quiebra. Pero ese pago no modificó el cuadro general: los cheques rechazados siguieron acumulándose, las deudas bancarias se deterioraron y nuevos acreedores llegaron a los tribunales.
El concurso aparece después de meses en los que la reactivación que se esperaba nunca llegó. Las plantas de Clason, Lehmann y Suardi, en Santa Fe, permanecen paralizadas o con una actividad prácticamente inexistente. La empresa que llegó a procesar más de un millón de litros de leche por día quedó sin materia prima y sin capacidad para sostener una operación normal.
El impacto sobre los trabajadores también se profundizó. Verónica llegó a tener más de 700 empleados directos, aunque actualmente son menos porque parte de los trabajadores, frente a los meses sin cobrar, tuvo que buscar otros empleos o ingresos para sostener a sus familias.
Los incumplimientos salariales comenzaron a acumularse desde el año pasado. En el medio, hubo protestas, cortes de ruta, movilizaciones y reclamos ante autoridades provinciales y nacionales. La situación llevó incluso a la provincia de Santa Fe a disponer asistencia económica y alimentaria para familias vinculadas con las plantas de producción.
En este marco, la crisis también rompió el vínculo con productores y proveedores. La falta de pagos y de materia prima dejó a la estructura industrial sin capacidad de recuperar un flujo de fondos propio. Los acuerdos de producción a fasón que habían permitido sostener alguna actividad durante parte del año pasado tampoco se convirtieron en una salida permanente.
Las denuncias de vaciamiento y el entramado de la familia Espiñeira
La situación financiera de Verónica quedó además atravesada por denuncias de presunto vaciamiento que comenzaron a tomar fuerza durante 2025 y volvieron a aparecer este año. Trabajadores y dirigentes políticos cuestionaron que la crisis de la láctea pudiera explicarse solamente por las dificultades del sector y pusieron el foco en movimientos dentro del propio grupo familiar.
Uno de los puntos centrales es Las Becerras S.A., una empresa vinculada a la familia Espiñeira que durante años funcionó como tambo y proveedora de materia prima de Verónica. Según las denuncias difundidas por trabajadores y legisladores, Las Becerras dejó de abastecer a la láctea y comenzó a vender leche a otras empresas, mientras Verónica quedaba sin materia prima para producir. Esa situación fue señalada públicamente como una posible maniobra de vaciamiento.
El otro elemento que encendió las alertas fue la creación, en septiembre de 2025, de tres nuevas sociedades vinculadas a integrantes de la familia Espiñeira: Kawsay S.A., Agro Prada S.A. y Grandal Agropecuaria S.A., con objetos relacionados con actividades agropecuarias, tambo y comercialización. En registros societarios aparecen Mariel Espiñeira, Alejandro Espiñeira y María del Carmen Espiñeira Dianti, respectivamente, vinculados a esas compañías.
Ya en junio de 2025, cuando la crisis comenzaba a adquirir otra dimensión, trabajadores y legisladores habían puesto bajo la lupa a Las Becerras, por su relación con la familia controlante y por presuntas transferencias de campos y maquinaria. También se habían planteado dudas sobre la separación de activos dentro del grupo.
A partir de ahora será la Justicia Comercial la encargada de auditar la situación de Lácteos Verónica, determinar el alcance de sus obligaciones y ordenar la relación con sus acreedores. El concurso promete convertirse en uno de los procesos de mayor magnitud dentro de la industria láctea, con un pasivo que, además de los más de $15.900 millones registrados solo en el sistema financiero, incluye a proveedores, trabajadores y otros acreedores que deberán presentarse en el expediente.
La apertura del proceso pondrá finalmente bajo revisión judicial el patrimonio y las cuentas de una compañía que durante más de un año acumuló incumplimientos mientras su actividad productiva prácticamente se detuvo.
La actividad parlamentaria de agosto dejó definiciones relevantes para el campo y la agroindustria. Entre los principales avances aparecieron la rebaja del IVA para la fécula de mandioca, la actualización de sanciones por empleo rural no registrado y la apertura de mercados mediante el convenio entre el Mercosur y Singapur.
Una rebaja impositiva para la mandioca
La Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados respaldó por unanimidad una iniciativa que reduce del 21% al 10,5% la alícuota aplicada a la mandioca. El objetivo es equiparar su tratamiento con el de otros productos similares y aliviar una distorsión que afecta especialmente a la economía misionera.
El beneficio alcanzaría a productores, cooperativas y plantas procesadoras de una cadena que genera materia prima para diferentes industrias. Además de mejorar su competitividad, la propuesta busca estimular la elaboración de alimentos libres de gluten y ampliar el agregado de valor en origen.
Durante el debate, el diputado Oscar Herrera Ahuad sostuvo que la norma "está destinada a corregir una asimetría tributaria que afecta de manera directa a una economía regional estratégica". Tras recibir dictamen unánime, el expediente quedó habilitado para ser incluido en una futura sesión de la Cámara baja.
Empleo rural e Inocencia Fiscal
Otra de las discusiones fue la modificación del régimen de Inocencia Fiscal. El texto amplía el universo de contribuyentes comprendidos, redefine la denominada "discrepancia significativa", restringe determinadas presunciones y refuerza la carga probatoria de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
Dentro de ese paquete también se planteó actualizar las multas por falta de registración de trabajadores rurales. El cambio busca adecuar sanciones que habían quedado desactualizadas y elevar el costo del incumplimiento para los empleadores que mantengan personal fuera de los registros correspondientes.
El oficialismo consiguió despacho de mayoría y buscó llevar la propuesta al pleno. No obstante, hasta completar el trámite legislativo, las modificaciones no tienen vigencia y las obligaciones actuales continúan sin alteraciones.
Tierras junto a las rutas, bajo debate
Además, la agenda incorporó dos proyectos para aprovechar con fines productivos las franjas lindantes con caminos nacionales. Las iniciativas fueron presentadas por Javier Sánchez Wrba, del PRO y Agustina Propato, de Unión por la Patria, aunque establecen alternativas diferentes para administrar esos espacios.
La propuesta de Propato autoriza a las provincias a conceder permisos precarios, gratuitos u onerosos, por un plazo máximo de un año y con posibilidad de renovación. Allí podrían sembrarse cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas y otros cultivos, siempre fuera de la superficie reservada para banquinas y con autorización de Vialidad Nacional.
El articulado exige controlar plagas y malezas, evitar prácticas que provoquen erosión y preservar las condiciones ambientales. También prohíbe el pastoreo y la colocación de alambrados, mientras que establece prioridad para beneficiarios de programas alimentarios, entidades de bien público, cooperadoras de escuelas rurales y cooperativas productivas. Sus fundamentos estiman que el esquema permitiría sumar más de 30.000 hectáreas a la producción, una cifra inferior a las 50.000 mencionadas de manera general en el informe legislativo.
Nuevos mercados en el horizonte
En materia de comercio exterior, un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Mercosur dictaminó favorablemente el acuerdo de libre comercio entre el bloque sudamericano y Singapur. El entendimiento, firmado en diciembre de 2023, apunta a reducir barreras, facilitar operaciones y profundizar la inserción regional en el sudeste asiático.
En paralelo, comenzaron a analizarse mecanismos para monitorear los efectos del convenio Mercosur-Unión Europea sobre economías regionales, pymes, empleo y producción. El movimiento legislativo abrió oportunidades para distintas actividades agroindustriales, pero su impacto dependerá de la aprobación definitiva de cada iniciativa, su reglamentación y la capacidad de las cadenas argentinas para transformar esas normas en mayor inversión y acceso efectivo a los mercados.
Nueve de los 20 complejos analizados alcanzaron cifras récord, aunque el sector registró su menor participación en las ventas externas argentinas desde 2019.
Las ventas externas argentinas totalizaron en USD 49.454 millones entre enero y junio, un 24% más que en igual período del año pasado. Dentro de ese volumen, las cadenas vinculadas al agro aportaron 5,7 de cada diez dólares obtenidos por el país.
De acuerdo con el último informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), la participación agroindustrial se ubicó en el 57% del total nacional, el registro más bajo desde 2019. La reducción respondió principalmente al crecimiento del rubro combustibles y energía, que en apenas seis meses alcanzó el equivalente al 68% de todo lo exportado durante 2025.
Aunque esos envíos todavía representaron solo el 23% de los generados por el agro, el avance modificó la composición del comercio exterior. Durante los primeros meses del año, el aceite crudo de petróleo desplazó del podio al aceite de soja, históricamente el principal producto comercializado por la Argentina en otros mercados. Del monto aportado por las cadenas agroindustriales, el 68,5% correspondió a los complejos granarios. Luego, las economías regionales participaron con el 14%, las carnes con el 10%, los lácteos representaron el 2,5% y el 5% restante provino de otras actividades comprendidas en el sector.
Nueve complejos marcaron máximos
De los 20 grupos estudiados 14 aumentaron tanto el valor como el volumen de sus operaciones, mostrando un desempeño generalizado positivo. En esa lista se ubicaron girasol, porcino, maíz, trigo, cebada, bovino, lácteos, pesca, limón, uva, legumbres, forestal, té y ovinos.
Además, nueve actividades lograron su mejor primer semestre desde el inicio de la medición. Bovinos, limón, peras y manzanas, legumbres, ovinos, porcinos, girasol, lácteos y pesca establecieron máximos en divisas, mientras que las últimas cinco también alcanzaron marcas inéditas en toneladas.
Sin embargo, en el caso de la soja, las peras y las manzanas incrementaron la facturación pese a despachar menos mercadería. Mientras que yerba mate y maní ampliaron las cantidades, pero recibieron menos dólares. Y los complejos avícola y arrocero fueron los únicos que retrocedieron en ambos indicadores.
Retenciones y potencial exportador
Las cadenas agroindustriales aportaron USD 2.407 millones en concepto de Derechos de Exportación durante el período. El 91% provino de los granos, el 5% de las carnes, el 3% de las economías regionales y el 1% de otros productos.
Según la estimación incluida en el informe, eliminar esos tributos permitiría producir 70,4 millones de toneladas adicionales de granos en un plazo de diez años, una expansión del 56%. Parte de ese incremento podría volcarse al mercado internacional y sumar USD 25.791 millones a las colocaciones del sector.
Esa mejora tendría una magnitud comparable con el crecimiento que distintas proyecciones atribuyen a la minería y la energía, estimado entre USD 20.000 millones y USD 30.000 millones. La diferencia es que la agroindustria ya constituye el principal bloque exportador del país y conserva capacidad para ampliar su presencia global.
Un cierre de año condicionado
FADA proyectó que el sector podría finalizar 2026 con ingresos cercanos a USD 55.000 millones, un nivel similar al de los dos años anteriores. La estimación se sostuvo en una oferta de granos de 146,8 millones de toneladas (15% superior a la campaña 2024/25), precios favorables para la carne bovina y señales neutrales a positivas para los cultivos y sus derivados.
Sin embargo, para varias economías regionales el principal obstáculo radica en que los precios que reciben los productores se mantuvieron prácticamente estancados o crecieron por debajo de la inflación y del aumento de los costos operativos. De esta manera, cuando la situación se prolongue comenzará a impactar en los demás componentes y dificulta la recuperación de estas actividades.
De esta manera, el crecimiento de las ventas y los nuevos récords confirmaron la fortaleza exportadora del agro argentino. No obstante, la pérdida de participación frente a la energía y las dificultades de distintas producciones regionales anticiparon una composición más diversificada, y también más desafiante, del ingreso de divisas.
El Ministerio de Comercio chino informó que Argentina ya utilizó el 50% del contingente previsto para 2026. Qué volumen queda disponible y cuándo comenzaría a regir el arancel adicional.
El 50% del cupo de carne vacuna argentina asignado por China para 2026 bajo el régimen de salvaguardia ya fue cubierto, según una advertencia difundida por el Ministerio de Comercio de China (MOFCOM). El dato encendió una señal de atención entre los operadores del sector, debido a que, una vez agotado el contingente anual, las exportaciones que excedan ese límite quedarán alcanzadas por un arancel adicional del 55%. De acuerdo con la información comunicada por las autoridades chinas, al 5 de agosto las importaciones de carne vacuna procedentes de Argentina habían alcanzado aproximadamente la mitad del contingente establecido para el corriente año. El mecanismo de salvaguardia contempla un cupo determinado para cada país proveedor y establece condiciones arancelarias diferentes una vez que ese volumen es superado.
El ritmo de las importaciones y el cupo disponible
La normativa vigente establece que, cuando se alcanza el 100% del contingente disponible, comienza a aplicarse, a partir del tercer día, un arancel adicional del 55% sobre las importaciones que ingresen por encima del cupo. Por ese motivo, la evolución de los embarques argentinos durante los próximos meses será seguida de cerca por exportadores, frigoríficos y autoridades del sector.
Las estadísticas de la Aduana de China permiten dimensionar el ritmo de los envíos registrados durante la primera mitad del año. Entre enero y junio, Argentina había ingresado al mercado chino unas 239.500 toneladas de carne vacuna, volumen equivalente al 47% del contingente disponible para 2026.
A partir de esos registros y de la información posterior difundida por MOFCOM, puede inferirse que durante julio habrían ingresado menos de 16.000 toneladas adicionales. Ese volumen habría sido suficiente para llevar la utilización del cupo hasta el 50%, porcentaje informado oficialmente por el Ministerio de Comercio chino al 5 de agosto.
El dato resulta relevante porque muestra que, hasta el momento, el ritmo de utilización del contingente se mantiene por debajo de un nivel que implique un agotamiento inmediato. Sin embargo, también deja en evidencia la importancia de monitorear la evolución mensual de las exportaciones, especialmente durante la segunda mitad del año, cuando pueden producirse variaciones en la demanda y en los volúmenes comercializados.
Qué margen queda para los próximos meses
Con el 50% del cupo ya ejecutado, el saldo pendiente para lo que resta de 2026 permitiría, en principio, el ingreso de unas 50.000 toneladas mensuales en promedio, tomando como referencia los meses restantes del año. Se trata de una estimación y no de un límite mensual formal, ya que el contingente se administra sobre una base anual y los volúmenes pueden concentrarse de manera diferente entre los distintos meses.
La posibilidad de disponer de ese margen es particularmente importante para la industria frigorífica argentina, dado que China constituye uno de los principales destinos de la carne vacuna nacional. El mercado asiático tiene un peso significativo en las exportaciones argentinas y cualquier modificación en las condiciones de acceso puede repercutir tanto sobre los volúmenes embarcados como sobre los precios y la planificación comercial de las empresas.
El principal punto de atención estará puesto, por lo tanto, en la velocidad con la que se utilice el 50% restante del contingente. Si los embarques mantienen un ritmo cercano al promedio implícito en los primeros siete meses del año, el cupo podría administrarse sin alcanzar rápidamente el límite anual. En cambio, un incremento significativo de las exportaciones durante los próximos meses aceleraría su utilización y podría acercar el momento en que entre en funcionamiento el arancel adicional.
Para los exportadores argentinos, el esquema genera además la necesidad de realizar un seguimiento permanente de la información oficial china. El momento exacto en que se complete el contingente será determinante, ya que a partir del tercer día posterior al agotamiento comenzará a regir el arancel adicional del 55% previsto por la salvaguardia. Esa diferencia arancelaria puede modificar de manera sustancial la ecuación económica de las operaciones que se realicen por fuera del cupo.
En este contexto, el dato difundido por MOFCOM no implica que Argentina se encuentre cerca de agotar el contingente, pero sí confirma que una parte sustancial del cupo anual ya fue utilizada. Con aproximadamente la mitad del volumen disponible todavía pendiente de ejecución, la evolución de las exportaciones durante el segundo semestre será clave para determinar si el país logra mantener sus operaciones dentro del régimen preferencial o si, eventualmente, una parte de los embarques queda expuesta al arancel adicional.
La situación también pone de relieve la importancia estratégica que tiene para el sector cárnico argentino el acceso al mercado chino. La evolución del cupo, las decisiones de los importadores y el comportamiento de la demanda serán factores centrales para definir el ritmo de los envíos en los próximos meses y el grado de utilización del contingente previsto para todo 2026.
Una jornada en la que se busca concientizar a las personas sobre este fenómeno, asociado muchas veces con el hombre, el calentamiento global y el cambio climático.
El bloque de diputados de Provincias Unidas presentó un pedido de informes para conocer el destino de los recursos del SisVial. Entre 2024 y mayo de 2026 se recaudaron $1.503.252 millones, pero apenas $394.406 millones fueron ejecutados en infraestructura vial.
Según la documentación citada en los fundamentos del proyecto, entre 2024 y mayo de 2026 el SisVial recaudó $1.503.252 millones, mientras que solo $394.406 millones fueron ejecutados en infraestructura vial. Esto significa que apenas el 26,2% de los recursos llegó efectivamente a las rutas, mientras que más de un billón de pesos permaneció invertido en instrumentos financieros. "Las rutas nacionales necesitan respuestas urgentes", afirmó Scaglia.
Qué quiere saber el Congreso
El pedido de informes solicita al Gobierno nacional que detalle cuánto dinero ingresó al fideicomiso, cuánto debía destinarse a infraestructura vial, cuánto fue efectivamente ejecutado y dónde se encuentran actualmente los fondos no utilizados. También pide conocer qué obras se realizaron con esos recursos, qué organismos estuvieron a cargo del control de su administración y bajo qué normativa se tomaron las decisiones relacionadas con el manejo de los fondos. El reclamo se produce en un contexto de creciente preocupación por el deterioro de los corredores viales estratégicos para el interior productivo, fundamentales para el traslado de granos, insumos y mercadería hacia los principales centros industriales y portuarios.
El reclamo de Santa Fe
Scaglia puso especialmente el foco en la situación de las rutas nacionales que atraviesan Santa Fe, una de las principales provincias agroindustriales del país. "Hace años venimos reclamando por las rutas nacionales. Santa Fe está atravesada por corredores fundamentales para el corazón productivo de la Argentina. Las rutas 33 y 34 deberían ser autopistas y hoy representan un riesgo permanente para quienes las transitan", sostuvo. La legisladora consideró que el problema excede la discusión partidaria y afecta directamente a la seguridad vial, la competitividad y el desarrollo del interior productivo. "No le echemos la culpa solamente a este Gobierno. La falta de infraestructura viene desde hace muchos años. Lo que hoy no puede faltar es el mantenimiento. No podemos seguir naturalizando rutas destruidas mientras miles de familias y trabajadores las transitan todos los días", agregó.
La A012, un caso particular
En este escenario, la diputada destacó el reciente acuerdo entre el Gobierno nacional y la provincia de Santa Fe para transferir la administración de la Ruta Nacional A012, un corredor estratégico para el acceso a los puertos del Gran Rosario. A partir del traspaso, la provincia asumirá la administración, el mantenimiento y la ejecución de obras sobre la ruta con recursos propios, con el objetivo de acelerar las intervenciones. "La transferencia de la A012 es un paso importante y valoramos que el Gobierno nacional haya acompañado ese pedido de Santa Fe. Era una obra estratégica para nuestra producción y ahora la provincia va a hacer el esfuerzo económico para ponerla en condiciones", señaló Scaglia. Sin embargo, advirtió que la medida no resuelve el problema general de la red vial nacional.
Rutas 7, 8 y 33, bajo la lupa judicial
A los reclamos legislativos se sumó en los últimos días una decisión de la Justicia Federal, que ordenó la reparación inmediata de las rutas nacionales 7, 8 y 33 en el sur de Santa Fe. Para Scaglia, la resolución judicial refuerza un reclamo que la provincia sostiene desde hace años frente al deterioro de la infraestructura. "Lo que hoy estamos diciendo es muy simple: arréglennlas, corten el pasto e ilumínenlas. Mirá qué poco estamos pidiendo. Estamos hablando de tareas básicas para que la gente pueda viajar con seguridad", sostuvo.
Fondos específicos y control legislativo
Desde Provincias Unidas plantearon que el pedido de informes no busca discutir un modelo determinado de gestión vial, sino garantizar transparencia sobre el uso de recursos públicos que tienen una afectación específica. "Queremos saber qué pasó con los recursos que los argentinos pagan para mantener las rutas nacionales. No estamos discutiendo un modelo de gestión; estamos pidiendo información y transparencia sobre fondos que la ley creó con un destino específico", afirmó Scaglia. El planteo vuelve a poner sobre la mesa una cuestión central para el sector agropecuario: el estado de las rutas nacionales no solo representa un problema de seguridad y transitabilidad, sino que también impacta directamente sobre los costos logísticos y la competitividad de las economías regionales.
En las zonas productivas, una red vial deteriorada incrementa los tiempos de traslado, los costos de transporte y las dificultades para movilizar la producción hacia puertos y mercados. Por eso, el destino de los fondos destinados a infraestructura vial se convirtió nuevamente en un tema de fuerte interés para el interior productivo.
La compañía atribuyó la medida a la caída de las exportaciones, la sobreoferta interna y el aumento de los costos. El gremio rechazó los despidos, denunció atrasos salariales y reclamó preservar las fuentes de trabajo.
La crisis de Granja Tres Arroyos, una de las principales empresas de la industria avícola argentina, sumó un nuevo capítulo con la desvinculación de 255 trabajadores de la planta La China, ubicada en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Los despidos se producen mientras el establecimiento permanece paralizado desde mayo y la compañía atraviesa un proceso de reestructuración financiera para hacer frente a un pasivo que ronda los US$350,9 millones. La empresa justificó las desvinculaciones por la fuerte caída de la actividad y señaló como factores determinantes las restricciones que sufrió la exportación de carne aviar a partir de los episodios de influenza aviar, la pérdida de mercados internacionales -con China entre los principales destinos afectados-, la sobreoferta en el mercado interno, la caída de los precios y el incremento de los costos. La decisión profundizó el conflicto con las organizaciones sindicales. La Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) y el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación de Concepción del Uruguay expresaron su rechazo a los despidos y cuestionaron el accionar de la empresa.
Los despidos se producen mientras el establecimiento permanece paralizado desde mayo y la compañía atraviesa un proceso de reestructuración financiera para hacer frente a un pasivo que ronda los US$350,9 millones.
El gremio denuncia despidos y salarios adeudados
En un comunicado, la FTIA calificó los despidos como una medida que profundiza la crisis y sostuvo que los trabajadores vienen atravesando una situación económica crítica debido al atraso en el pago de sus salarios. Según la organización sindical, los empleados acumulan más de cinco quincenas adeudadas. Además, afirmó que entre las personas desvinculadas hay delegados de personal y cuestionó que esa situación pueda afectar la representación de los trabajadores. El gremio sostuvo que, mientras las organizaciones sindicales realizan gestiones con la empresa y con autoridades de Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba para encontrar alternativas que permitan sostener la actividad y reactivar las plantas, la compañía avanza con despidos. La FTIA reclamó la preservación de los puestos de trabajo y pidió un mayor involucramiento de la empresa y de las autoridades nacionales. El sindicato también expresó su preocupación por una eventual estrategia de reestructuración de pasivos previa a una presentación concursal. Esta última interpretación corresponde al gremio y no implica que Granja Tres Arroyos haya presentado actualmente un concurso preventivo.
Una crisis que excede a una sola planta
El conflicto de Concepción del Uruguay se inscribe en una crisis más amplia que afecta a distintas operaciones del grupo. La planta La China permanece cerrada desde el 26 de mayo, luego de un período marcado por problemas de abastecimiento, salarios adeudados y una fuerte reducción de la actividad. Informaciones difundidas durante el proceso ubicaron en alrededor de 700 los trabajadores vinculados al establecimiento. La situación también alcanzó a otras plantas. En julio, por ejemplo, la empresa dispuso una parada de dos semanas en su establecimiento de Río Cuarto, Córdoba, donde trabajan unos 350 empleados. En ese momento, los trabajadores atravesaban además dificultades para cobrar sus salarios en tiempo y forma. El escenario operativo contrasta con la capacidad que supo tener la compañía. Según información publicada sobre la reestructuración financiera, Granja Tres Arroyos llegó a procesar alrededor de 760.000 aves por día, mientras que actualmente su faena se ubica en torno a las 200.000 aves diarias.
Una deuda de US$350 millones
El frente laboral está estrechamente relacionado con la situación financiera de la compañía. Granja Tres Arroyos presentó a sus acreedores una propuesta para reestructurar una deuda total estimada en US$350,9 millones. El esquema contempla diferentes condiciones para los acreedores y, según la información difundida, incluye quitas de hasta el 75% y plazos de pago que pueden extenderse hasta siete años. La propuesta también busca garantizar el abastecimiento de materias primas e insumos necesarios para recuperar progresivamente el nivel de actividad. El plan financiero proyecta una recuperación de la faena durante los próximos meses, aunque la situación de las plantas y la disponibilidad de capital de trabajo continúan siendo factores determinantes para cualquier eventual reactivación.
El impacto sobre la cadena avícola
La dimensión del conflicto excede a los trabajadores directamente empleados por Granja Tres Arroyos. La empresa forma parte de una cadena que involucra a productores integrados, proveedores de granos, laboratorios veterinarios, transportistas y otros prestadores de servicios. De hecho, dentro del pasivo comercial de la compañía se encuentran obligaciones con proveedores vinculados directamente al funcionamiento de la cadena productiva. La falta de actividad y las dificultades financieras, por lo tanto, generan efectos que pueden extenderse más allá de las plantas industriales. La crisis también se produce en un escenario complejo para la avicultura argentina, marcado por una combinación de pérdida temporal de mercados externos por la influenza aviar, cambios en la demanda interna, sobreoferta y presión sobre los márgenes de la industria.
Qué puede pasar ahora?
Con los 255 despidos confirmados en Concepción del Uruguay, el conflicto entra en una nueva etapa. La empresa busca reducir su estructura en un momento en el que intenta reordenar sus finanzas y recuperar niveles de actividad, mientras los sindicatos reclaman alternativas que permitan conservar los puestos de trabajo. El principal interrogante pasa ahora por el futuro de La China, una planta estratégica para la economía de Concepción del Uruguay, y por la posibilidad de que la reestructuración financiera permita recuperar el flujo de producción. Para la cadena avícola, el desafío es doble: resolver la situación financiera de una de sus principales compañías y evitar que la crisis termine trasladándose hacia productores, proveedores y trabajadores.
